Además de señalar el "avasallamiento" de un poder por el otro, Labake señaló que "hay una decisión tomada" por el gobierno de trasladar esa masa de documentación -nunca presentada a la Justicia por la Secretaría de Inteligencia y descubierta por una unidad especial de la UFI-AMIA- a la Universidad privada de San Andrés para que la releve, digitalice y catalogue..
Labaké se basó en una denuncia hecha en una rueda de prensa en el Congreso de la Nación por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y explicó que la Universidad de San Andrés tiene un convenio con la empresa Palantir, de la que son socios los servicios de inteligencia de los Estados Unidos e Israel, por lo que todo aquel proceso quedaría intervenido por éstos.
Labaké, que fue abogado de la ex presidente María Estela Martínez de Perón, presentó ante la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi el pedido de amparo (nº 65.814/2017) contra el decreto que traspasó el manejo de la información confidencial sobre el ataque a la AMIA del ámbito del Poder Judicial a la Unidad de Investigación del atentado, que depende del Ministerio de Justicia.
En él, Labaké, pide que, en caso de comprobarse que hay un acuerdo del gobierno con la Universidad de San Andrés, y de ésta con Palantir, se informe al fuero penal federal para que se investigue si se cometió el delito de "traición a la patria".
"La aplicación e implementación del decreto 229/17 pondría en grave peligro la seguridad y defensa nacionales", sostiene Labaké, defensor de Alberto Jacinto Kanoore Edul, uno de los imoputados en el atentado contra la sede de la mutual judía de la ciudad de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos, centenares de heridos y millonarios daños materiales.
El letrado cuestionó que se saque de la órbita del Poder Judicial los datos e "información confidencial sobre la causa" para transferírselos a Mario Cimadevilla, titular de la Unidad de Investigación del atentado a la AMIA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En diálogo con Télam, Labaké destacó que se trata de una ingente cantidad de documentación que la antigua SIDE sustrajo del escrutinio de la Justicia; que descubrió el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerad) formado por los fiscales que reemplazaron a Nisman al frente de la UFI-AMIA y que el decreto presidencial devuelve a la órbita del Poder Ejecutivo, del que depende la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) continuadora de la SIDE.
"Devuelve todo el material escamoteado a la justicia a quienes lo escamotearon", sintetizó Labaké.
El artículo 2 del decreto 229/17 amplía a las "querellas intervinientes" en las causas vinculadas al atentando y a la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos "la desclasificación de la totalidad de la documentación, informe o archivo relacionado o que pudiere resultar de interés" para esas pesquisas.
El artículo 3 agrega que se instruye a esa unidad especial de investigación "para que intervenga en el proceso de relevamiento, digitalización y catalogación de la documentación que realiza la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la mutual judía (UFI-AMIA)".
La acción de amparo "se basa fundamentalmente sobre lo denunciado por Laura Ginsberg y Pablo Gitter, directivos de Apemia, una de las entidades de familiares de víctimas del atentado a la AMIA, en una conferencia de prensa ofrecida en Honorable Cámara de Diputados de la Nación", explicó Labaké.
Basado en la exposición de Ginsberg y Gitter, Labaké indicó que "hay ya decisión tomada en el gobierno para que dicha repartición pública transfiera a la universidad privada de San Andrés la facultad que le otorga el Decreto 229/17 de efectuar el proceso de relevamiento, digitalización y catalogación de la documentación confidencial y secreta que, hasta ahora, realizaba la UFI-AMIA".
"Para ello y para cubrir sólo los 'honorarios' correspondientes a la redacción de un 'modelo de investigación', la Universidad de San Andrés recibirá la suma de un millón novecientos cincuenta mil dólares estadounidenses", indicó el letrado.
"A su vez, como la universidad privada de San Andrés no posee equipo humano y técnico suficiente para realizar esa investigación, se la encargará a la empresa norteamericana-israelí Palantir, la cual será la beneficiaria real y final de los honorarios", agregó Labaké, que también fue abogado de Zulema Yoma en la causa por la muerte de su hijo Carlos Menem.
En Palantir, denunció Labaké el jueves pasado en el programa Minuto 1 que conduce Gustavo Sylvestre, están asociadas la Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y el Servicio de Inteligencia de Israel (Mossad).
