A cinco días del referéndum unilateral de Cataluña, prohibido por la Justicia, las fuerzas de seguridad españolas avanzaron sobre las organizaciones sociales y la infraestructura que trabajan para que el próximo domingo se celebre algún tipo de votación, en el marco del asedio que impulsa el gobierno central de Mariano Rajoy contra los secesionistas.
Cumpliendo con órdenes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), agentes de los Mossos d'Esquadra -la policía catalana- comenzaron a acudir este martes a las escuelas y centros cívicos elegidos por el gobierno catalán para funcionar como colegios electorales el 1 de octubre, para interrogar en calidad de "testigos" a sus directores y responsables.
Además, el Ministerio Público dio órdenes a la policía para que precinte y desaloje los más de 2.000 puntos de votación antes del sábado, según un documento publicado por la prensa española. La directiva prohíbe también cualquier votación en la calle a menos de 100 metros de los "locales designados". Las fuerzas de seguridad ocuparían esos centros designados en la tarde del viernes, al finalizar la jornada escolar, para evitar así que los militantes independentistas "tomen" las instalaciones.
