La resolución fue tomada tras un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Carlos Mahiques y Eduardo Rafael Riggi.
Los jueces consideraron “inadmisible” un recurso extraordinario solicitado por la Fiscalía con el propósito de evitar que se le conceda la domiciliaría al militar.
Baraldini está imputado por delitos de asociación ilícita, secuestros y torturas aplicadas contra 214 víctimas en los tiempos en los que comandaba la policía de La Pampa y la jefatura local del servicio de Inteligencia del Ejército.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal estableció que Baraldini resida en la vivienda que su hija tiene en Santa Rosa, y se le impuso un dispositivo de vigilancia electrónica.
En 2011, Baraldini fue capturado en Bolivía, donde estuvo prófugo por ocho años, un antecedente citado por la fiscalía y las querellas para oponerse a la concesión de esta prisión domiciliaria.
El 29 de agosto pasado comenzó el segundo juicio de lesa humanidad de la Subzona 14 II, que tuvo un primer capítulo en 2010, cuando resultaron condenados ocho policías provinciales y un militar por la privación ilegal de la libertad padecida por 28 víctimas, entre 1976 y 1978.
El Tribunal que puso bajo arresto domiciliario y que juzga a Baraldini está integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava.
Un querellante ya dijo que apelará
El abogado Miguel Angel Villagra, querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura, apelará el fallo judicial que otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Baraldini.
"Vamos a presentar la semana que viene un recurso contra la resolución de la Cámara, porque los argumentos respecto al otorgamiento de la prisión domiciliaria resultan cuestionables", dijo el viernes a Télam.
El letrado argumentó que el fallo solamente considera el cumplimiento de edad avanzada de Baraldini para disponer el arresto domiciliario, y "vulnera la obligación del Estado de investigar y prevenir violaciones a los derechos humanos con seriedad, y no como una simple formalidad".
