Entre los principales cambios, la futura ley sólo abarcará los delitos contra la administración pública cometidos por personas jurídicas, los cuales prescribirán a los seis años, con multas que van de dos a cinco veces la ganancia obtenida indebidamente por la empresa.
“Este proyecto busca adaptar la legislación sobre corrupción a los estándares internacionales a los cuales la República Argentina se ha comprometido al adherir a la Convención Anticohecho”, remarcó el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, del FPV-PJ.
