El llamado realizado este sábado se hace después de que la policía evacuó el viernes a decenas de congresistas que permanecieron unas siete horas en el interior del Parlamento, mientras en el exterior decenas de personas protestaban, a quienes los uniformados lanzaron gas pimienta.
Los parlamentarios permanecieron en el Parlamento después de una sesión en la que retiraron dos polémicas reformas del Código Penal destinadas a blindar a los líderes políticos contra posibles acusaciones de financiamiento ilegal.
Las modificaciones pretendían desligar a los secretarios generales de los partidos de eventuales persecuciones penales.
El Congreso había aprobado además otro controvertido cambio del Código Penal: hasta ahora un delito penado con hasta 5 años de prisión podía ser excarcelable mediante fianza, pero los legisladores ampliaron el margen a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.
La indignación contra el actuar de los diputados se había atizado también porque dos días antes rechazaron un pedido de la fiscalía y de una misión anti-corrupción de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Jimmy Morales, con el fin de que sea investigado por supuesto financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015.
El llamado al paro nacional es apoyado por diversas entidades campesinas e indígenas, el movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad, Justicia Ya y la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). El sector privado organizado no se ha pronunciado.
“Tenemos derecho a insistir en la esperanza de un futuro mejor, por lo que este miércoles 20 de setiembre iremos a un paro nacional”, indica un comunicado de Justicia Ya.
Aclara que se convoca al paro porque “seguiremos insistiendo en la resistencia como medida para liberar a Guatemala de los grupos de poder que lo han cooptado”.
El miembro de Justicia Ya, Gabriel Wer, adelantó que las demandas serán tres: la renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las leyes de impunidad, la del gobernante Morales y una reforma integral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El miércoles “saldremos a las calles en contra del actuar nefasto de los diputados que buscan pactos de impunidad y corrupción (…). Nuestras aulas serán las calles”, afirma a su vez en un boletín la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Usac (AEU).
“Es necesaria la movilización en las calles porque es la que permite transmitir el repudio hacia las autoridades y hacer presión”, aseguró Lenina García, Secretaria General de la AEU.
Debido a los incidentes la noche del viernes en las afueras del Congreso cuando los policías lanzaron gases contra los inconformes, dos diputados de izquierda y un ciudadano presentaron un recurso ante la máxima autoridad judicial del país para garantizar las manifestaciones pacíficas.
El vocero de la Corte de Constitucionalidad, Santiago Palomo, informó que aceptaron los recursos y se ordena al presidente Morales que garantice la libre emisión del pensamiento y de reunión pacífica.
Además, le ordena que preserven estrictamente el orden público, con el objeto de prevenir y evitar actos de provocación o de violencia, lo que comprende la protección y garantía de los derechos de todas las personas, incluidas aquellas que no participan en las actividades de protesta.
