El gobierno sostiene que murieron seis campesinos pero los pobladores aseguran que son al menos nueve. En tanto, el domingo 8, una comisión humanitaria de la ONU y la OEA que se dirigía a la zona también fue atacada por las fuerzas policiales.
Un nuevo episodio de violencia en Tumaco ha prendido las alarmas sobre la grave situación humanitaria que vive esa parte del país. El líder comunitario José Jair Cortés, de 41 años, perteneciente a una de las comunidades que denunció la masacre ocurrida el pasado 6 de octubre en ese municipio, fue asesinado en horas de la tarde.
Jair Cortés era un importante miembro del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y fue uno de los que quiso hacer visible la situación de emergencia humanitaria y violencia que campesinos de la comunidad afro e indígena viven en la zona rural de Tumaco, el municipio que más hectáreas de coca tiene sembradas en el país.
El homicidio de Jair se da dos semanas después de la terrible masacre que se presentó en Tumaco, en la que asesinadas seis personas y quedaron heridas 23. Cortés habría sido atacado en un sector denominado la Y, en pleno centro de la ciudad nariñense.
El principal motivo de las amenazas está relacionado con su apoyo y el de la Junta de Gobierno al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca que está adelantando el gobierno nacional en desarrollo de la implementación del acuerdo pactado con la guerrilla de las Farc para buscar ponerle fin al problema de las drogas ilícitas.
SEMANA consultó algunas fuentes de la zona y advierten que la muerte de Jair era algo que ya temían desde hacía tiempo. La junta de gobierno del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, de la que Jair era vocal y hacía parte, se encuentra amenazada en su totalidad. Cortés, como los otros 18 miembros de la junta, estaba bajo protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero esto poco sirvió para evitar su asesinato.
Alto Mira es el lugar donde ocurrió la masacre de los campesinos cultivadores de coca hace dos semanas. Es importante recordar que fue este consejo comunitario el que denunció lo ocurrido en la zona rural de Tumaco, en especial en el corregimiento de Llorente. En su momento, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que dice que miembros de la policía antinarcóticos serían los responsables de aquel múltiple crimen de seis campesinos.
Poco después de que se confirmara la noticia, la Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato de Jair. La oficina había pedido reforzar las medidas de seguridad al líder del consejo comunitario, desde el 8 de octubre, dos días después de perpetrada la masacre.
Ese día fue emitido un informe en donde se alertaba por el riesgo de los miembros del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera de Tumaco y se hicieron recomendaciones para la protección de los mismos.
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, también se manifestó frente al asesinato de Jair y pidió a las autoridades a investigar los hechos que conllevaron a la muerte del líder comunitario. Romero se había reunido con Cortés días antes de su muerte.
“Nos afecta profundamente esta muerte, justamente días después de habernos reunido en Tumaco con él y los demás miembros de esta Junta de Gobierno correspondiente al territorio donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron 6 campesinos asesinados y decenas de heridos y que aún son materia de investigación”.
Tumaco, Nariño, es el municipio con más coca sembrada en el país, con más de 20.000 hectáreas. La erradicación forzada se ha concentrado en esta zona de frontera donde el gobierno considera que hay cultivos industriales que llegan a las 5.000 hectáreas. Allí hay lotes de más de 100 hectáreas protegidos por campos minados y por pequeños ejércitos armados, que usan de carne de cañón a los campesinos pobres que llegan de Caquetá, Putumayo o de otros municipios de Nariño.
