A trompicones se han venido poniendo los cimientos de la reconciliación. Aún no está en marcha la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ni avanza la reforma política, a la que algunos ya le dicen la “Ley Titanic”, porque hace aguas en el Congreso. Tampoco se tiene noticia de la Ley de tierras, que debe sentar los principios de la reforma rural y, para completar, son pocos los avances de las llamadas garantías de seguridad.
Mientras tanto, el país registra sin mayor sorpresa el asesinato de miembros de la exguerrilla, de sus familiares o de líderes campesinos y de derechos humanos. Con el agravante de que uno de los compromisos más reiterativos en los textos acordados es el esclarecimiento y desmonte del fenómeno del paramilitarismo y sus bandas sucesoras.
En este contexto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) acaba de lanzar un nuevo informe sobre la presencia de grupos narcoparamilitares. El estudio, que se ha venido presentando todos los años desde 2006, recoge la información sobre la presencia y denominación de estas bandas criminales —que cambian de nombre en la oficialidad pero mantienen las mismas prácticas y zonas de control—.
Según el documento, en los primeros seis meses de implementación del Acuerdo de Paz se ha identificado la presencia de grupos “narcoparamilitares” en 275 municipios que se extienden en 28 departamentos del país. Y aunque se registra una pequeña disminución con respecto a 2016 en el número de sitios donde operan estas organizaciones, existen cinco departamentos (Córdoba, Chocó, Meta, Antioquia y Risaralda) en los que controlan más de la mitad del territorio. En Córdoba, por ejemplo, figuran en 25 de los 30 municipios, y en Antioquia se extienden en 65 de los 125 que lo conforman.
Una realidad dramática si se tiene en cuenta que en el punto 74 del Acuerdo Final de Paz se establece la creación de una Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las organizaciones criminales —incluyendo las sucesoras del paramilitarismo antes de su firma— y que en el capítulo de Fin del Conflicto se define la naturaleza de dicha unidad especial, que estará adscrita a la Fiscalía General de la Nación.
Pero nada que se cumple lo pactado en esta materia. Primero, porque la JEP aún no está funcionando, dados los retrasos en el Legislativo, y segundo, porque a pesar de que la Fiscalía debe tener un papel protagónico en la conformación de dicho organismo, el actual jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, se resiste a que sea una dependencia directa de sus funciones y, además, no gusta de las facultades de policía judicial que podría tener. Por eso, lo que ocurra esta semana con la ley estatutaria de la JEP en el Congreso será definitivo en la lucha contra el paramilitarismo.
Con relación a la intensidad de la actividad de los grupos paramilitares, el informe de Indepaz recoge los municipios con presencia de estos en los últimos diez años y los clasifica en intensidad alta, media o baja, según la cantidad de tiempo que hayan hecho presencia en cada uno de los 274 mencionados. Con estos datos, por ejemplo, figura Amalfi (Antioquia) entre los lugares con mayor intensidad de grupos paramilitares. Se trata del municipio que vio nacer a los hermanos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
En esta misma categoría esta Puerto Boyacá, celebre por declararse la “capital antisubversiva de Colombia” y donde el famoso mercenario israelí Yahir Klain puso en marcha las tristemente célebres escuelas de descuartizamiento. Resulta muy diciente que Meta, Córdoba y Antioquia tengan hoy la mayoría de sus municipios con alta de presencia de grupos criminales.
En el informe de Indepaz, una de las tendencias positivas que se permite observar es cómo la presencia de grupos paramilitares en Cesar, Magdalena, Sucre, Valle del Cauca, Cauca y Nariño ha disminuido, a pesar de haber sido zonas que en cierto momento padecieron con mayor intensidad dicho fenómeno. Ya sobre las particularidades de los grupos que se registran como sucesores de las Auc, se identificaron siete grupos que ejercen control en una porción importante de territorios en Colombia.
El clan del Golfo es la organización con mayor número de estructuras y está presente en 211 municipios de 22 departamentos, mientras que los restantes seis grupos —más otras ocho pequeñas franquicias del crimen— tienen influencia en menos de 30 municipios. Dichas estructuras comparten no sólo las tipologías criminales, que incluyen homicidios, secuestros y desplazamientos, sino que además tienen idénticas fuentes de financiación, siendo los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la extorsión o los préstamos “gota a gota”, las más características.
Sobre el clan del Golfo, el documento señala que es una organización de alcance nacional y que su centro de poder se ubica en la región de Urabá, en Córdoba y el sur de los departamentos de Bolívar y Sucre. “En lo corrido de 2017, los esfuerzos de la Policía se han centrado en su combate. Bajo el marco de la “Operación Agamenón” recibieron golpes contundentes que dejaron como resultado la muerte y captura de algunos de los sus más importantes cabecillas, como alias Pablito y alias Gavilán, este último era el segundo al mando”, puntualiza el informe.
Los golpes de la Fuerza Pública produjeron como respuesta el plan pistola del mes de mayo, que dejó un saldo de 11 policías asesinados. El otro plano en el que se mueve este grupo criminal se refiere a una fase exploratoria de un acuerdo de sometimiento a la justicia. Lo anunció hace un mes su máximo líder, alias Otoniel, y el presidente Juan Manuel Santos designó al fiscal Martínez para explotar la posibilidad.
El documento finalmente brinda algunos datos sobre el resto de grupos paramilitares, como el de los Puntilleros, que opera en la Orinoquia, específicamente en 22 municipios de Meta, Guaviare y Vichada. También se registra la capacidad operativa de las Águilas Negras, que están desplegadas en 24 municipios de 10 departamentos: “Su accionar se centra en amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante el primer período de 2017, las amenazas se dieron en torno a la implementación del Acuerdo de Paz; de las consultas populares, principalmente en el departamento del Tolima; contra territorios colectivos y autonomías étnicas, y para ejercer control social”, señala el estudio.
Finalmente, el documento resalta la presencia de los Rastrojos en 27 municipios de siete departamentos, a pesar de que desde 2016 el Gobierno los tiene por desarticulados. En una menor categoría, Indepaz registró la existencia de 11 grupos de carácter local o regional. El informe concluye con el caso del Ejército Popular de Liberación (Epl), a quien se le quitó la categoría de guerrilla y se le puso la de “grupo armado organizado”, cuyo alcance se registra en 11 municipios de Norte de Santander, principalmente en la región del Catatumbo y los fronterizos Cúcuta y Villa del Rosario.
