Bajo la consigna “Por el agua y la vida en nuestros territorios”, comunidades originarias partieron el sábado de Coranzulí, una localidad del departamento Susques, con destino a la capital provincial, donde planear llegar este jueves.
La movilización se motiva en un antiguo reclamo: el cese de las explotaciones mineras a cielo abierto en la Puna y Quebrada que produce contaminación en las aguas, los animales, la tierra y las poblaciones indígenas. Pero además, se requiere de la prórroga de la ley nacional 26.160, que ya tiene media sanción del Senado; la derogación de la provincial 5915, que dispone el uso de tierras para la instalación de plantas de energía, y el fin del hostigamiento y la violencia contra comuneros.
También, demandan la entrega de títulos comunitarios y que se implemente de manera efectiva la educación intercultural bilingüe en las escuelas públicas de la provincia.
En este contexto, los referentes denunciaron que fueron intimidados con el fin de impedir el arranque de la caminata. En diálogo con El Submarino Radio, Gustavo Ontiveros, de la comunidad Valiazo, del pueblo Omaguaca, relató: “el comisionado (de Coranzulí) Rodolfo Puca, dos policías, un miembro de la iglesia y un comunero, el día viernes apretaron a la hermana Aurora Choque y a la hermana Luisa Quispe, que eran quienes realizarían la reunión de las comunidades libres. Ellas fueron obligadas a firmar un acta porque el comisionado no quería que se haga la reunión. Y tampoco quería que se inicie la caminata en Coranzulí”, afirmó.
“Nosotros llegamos allí el sábado, la calmamos y le dijimos que el comisionado no puede prohibir las reuniones ni la caminata. Al final, el comisionado autorizó la caminata recién el lunes. Esto algo inédito. Es un apriete del gobierno local, pero sabemos que viene desde arriba, desde el gobierno de Gerardo Morales, que juntamente con la secretaria de Pueblos Indígenas (Natalia Sarapura) ha tratando de evitar que se hagan nuestras reuniones con distintos artilugios”, continuó.
Desde la comunidad poseen una grabacón en la cual exhiben estos hechos, además de registros en un documento. “Cuando lleguen a Jujuy las hermanas les van a contar a los medios lo que hizo el comisionado junto a un hermano de la comunidad. Lamentablemente muchas veces hay hermanos que se prestan a estas maniobras que son políticas, étnicas y discriminatorias”, dijo al respecto Ontivero, quien responsabiliza por el hecho directamente al gobernador Morales.
“Han dicho que vamos allá a hacer problemas, que somos revoltosos. Cuando llegamos a Coranzulí quisimos ir a la radio y la cerraron, no nos dejaron hablar. El comisionado no nos conoce, pero sí el gobernador y Natalia Sarapura, que saben que demandamos por las comunidades, diciéndoles a los hermanos que se debe respetar el derecho indígena, que hacemos denuncias por todas las injusticias. Yo los hago responsables al gobernador y a la secretaria, porque nos hacen pelear a las comunidades. Lo han hecho durante un año y medio”, enfatizó.
