Como en sus primeros dos años de gestión, Mauricio Macri espera que las paritarias bonaerenses sean un indicador para el resto de la economía. Por ello tratarán de imponer allí el esquema que quieren instalar para todos los trabajadores en las negociaciones salariales 2018.
“Los aumentos deberían ser de entre 9 y 11 por ciento”, dice Macri cuando le preguntan hoy cuál debe ser la meta para 2018. “Doce por ciento, como máximo”, agrega el Presidente cuando se insiste con el tema, aunque concede que habrá que firmar la cláusula gatillo.
Por ello María Eugenia Vidal ya tiene un número en la cabeza para los incrementos salariales que piensa ofrecer el año próximo a los docentes, empleados públicos, médicos, integrantes del Poder Judicial y policías. En total, un universo de 600 mil empleados bonaerenses que el oficialismo buscará convertir en parámetro de las paritarias nacionales.
Ese número, que no se hará público hasta que comiencen formalmente las negociaciones- es del 10 por ciento. Esto es: justo en el medio de la inflación que se estableció como meta en el Presupuesto que envió el Ejecutivo al Congreso, que prevé un salto de precios de entre el 8 y el 12 por ciento.
La carta con la que el vidalismo intentará seducir a los empleados es la cláusula gatillo, que se dispara en el momento en que el índice inflacionario del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) supera el acuerdo paritario.
Los estatales, que tuvieron negociaciones menos conflictivas que los docentes, habían cerrado inicialmente un 18 por ciento de aumento. La escalada de la inflación hizo que se reabriera la discusión. Van a cerrar 2017 en torno al 21 por ciento.
La idea de Vidal -post elecciones y para el caso de que se confirmen las tendencias que marcan las encuestas- es encarar un verano tranquilo, con paritarias cerradas. Un objetivo que muchos ponen en duda.
