En la fecha, se habían difundido declaraciones de la Comisión Episcopal de la Pastoral Aborigen (CEPA) y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), donde se rechaza el "porfiado despojo y expulsión de sus territorios" de los pueblos indígenas de la Argentina, y se reclamaba la sanción "imprescindible" de la prórroga de la ley 26160, que impide desalojos de comunidades originarias y ordena la regularización dominial de los territorios que habitan.
Con el respaldo de todos los bloques que las integran, las comisiones de Legislación General, que preside Daniel Lipovetzky (PRO); de Población y Desarrollo Humano, a cargo de Martín Pérez (FPV-PJ Tierra del Fuego) y de Presupuesto y Hacienda, encabezada por Luciano Laspina (PRO), firmaron el dictamen sobre el proyecto que prorroga por cuatro años la denominada Ley de Tierras Indígenas.
Al comienzo de la reunión, los diputados escucharon las breves exposiciones de representantes de las comunidades, que coincidieron en la necesidad de que se avance con está prórroga "antes del 13 de noviembre, cuando vence el plazo vigente".
El diputado de la Izquierda Pablo López anticipó que su fuerza firmaría el dictamen y llamó a los pueblos originarios a que "todas las medidas y acciones de lucha se mantengan firmes hasta la sanción definitiva de la ley".
Lucila de Ponti, del Movimiento Evita, dijo que acompañaba el proyecto porque "tiene rango constitucional" y remarcó que "esta ley ya estuvo vigente y sigue vigente, por lo que no hay que permitir que vuelva atrás".
Por último, Oscar Martínez, aliado fueguino del Frente para la Victoria, les dijo a los representantes de los pueblos originarios que "tengan la seguridad que los votos de los diputados van a estar para hacer mas fuerte esta ley".
"Se llega a este dictamen por la lucha de los pueblos originarios; no por ninguna actitud comprensiva de los integrantes del gobierno nacional; ya que había una pretendida actitud de favorecer los intereses de los grandes terratenientes, motivo por el cual al proyecto no se le dio tratamiento antes", aseveró.
Tras la firma del dictamen, la Cámara baja buscará aprobar el proyecto en la próxima sesión que se realice en el cuerpo, según les confió a los invitados el macrista Lipovetzki.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara -en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años- la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
La medida suspende por el término de la duración de la emergencia el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.
La aplicación de la ley fue prorrogada en 2009, en 2013 y, si así lo determina Diputados, se concretará nuevamente este año.
Declaraciones de CEPA y Endepa
La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) rechazaron en una declaración el "porfiado despojo y expulsión de sus territorios" de los pueblos indígenas de la Argentina al reclamar la sanción "imprescindible" de la prórroga de la ley 26160, que impide desalojos de comunidades originarias y ordena la regularización dominial de los territorios que habitan.
En el mismo sentido se pronunciaron organizaciones indígenas que pidieron a los diputados nacionales que dictaminen en forma "urgente" la prórroga de la norma mientras continúan con un acampe frente al Congreso Nacional, el que mantendrán "hasta que se haga efectiva" la ley 26160, que rige desde el año 2006, según un comunicado que distribuyeron.
En tanto, desde Endepa (organización laica que trabaja con comunidades originarias de todo el país) definieron a los indígenas como "ellos, los primeros, los preexistentes, raíz primera de Amerindia. Pueblos llenos de diversidad, con culturas milenarias, con profunda espiritualidad, pueblos que resisten y con quienes desde hace ya unos años compartimos".
Los participantes de una asamblea, que duró tres días en San Miguel, expresaron, además, que constataron "una vez más el porfiado despojo y expulsión de sus territorios, espacios vitales y sagrados, que dañan y hieren sus identidades, culturas, salud, educación y a la Madre Tierra" en referencia a los innumerables desalojos o amenazas sobre comunidades originarias en todo el país. "Es imprescindible la prórroga de la ley 26.160 y que se realicen los relevamientos, que se otorguen los medios y se reconozcan los títulos de propiedad para lo que haría falta una ley especial de tierras de comunidades indígenas", señalaron CEPA y Endepa a través de un comunicado que se publicó en AICA.
También se manifestaron en contra de la demonización de los mapuche al señalar que "nos lastima el recrudecimiento de la mentalidad colonial que estigmatiza al pueblo Mapuche en particular, y en ellos, a todos los pueblos indígenas del país. Con dolor seguimos constatando los altos niveles de ignorancia, discriminación y xenofobia existentes en la sociedad en general, que reflejan una imagen cruda y negativa de los pueblos indígenas, sobre todo expresados en ciertos medios masivos de
comunicación".
Por su parte, las organizaciones indígenas que acampan frente al Congreso advirtieron que si no se sanciona la prórroga y no "se cumple con lo acordado" (entre los originarios y legisladores), "las autoridades de las distintas comunidades tomaremos medidas más drásticas de protesta en defensa de nuestro territorio".
Además de pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado, reclamaron la "liberación inmediata" de Facundo Jones Huala (mapuche), Agustín Santillán (wichí) y todos los que consideran "presos políticos" de la causa indígena.
