"Acá hay una obligación del Estado nacional, si no lo hace es porque no quiere", sostuvo Verbitsky en una rueda de prensa que brindó junto a la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Sala y otros dos directivos del CELS, Gastón Chillier y Gabriela Ketzel, en la sede de ese organismo de derechos humanos.
“Esperamos que esta medida, que es de cumplimiento obligatorio, sea acatada por el Estado argentino y Milagro Sala deje la cárcel antes del 15 de diciembre”, insistió Ketzel, directora del equipo de trabajo internacional de la organización.
Respecto de las primeras reacciones gubernamentales después de que se conociera ayer el fallo de la Corte IDH, Verbitsky consideró "ambigua" la declaración en la que el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, "sólo dijo que esa resolución 'es de cumplimiento'" y que estaba "seguro de que la justicia jujeña actuará en consecuencia".
En el mismo sentido, argumentó que "la responsabilidad" ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos "no es de las provincias sino del Estado nacional" y que, en esta materia, la invocación del federalismo es “una forma de hipocresía”.
Respecto del contenido de la resolución de la Corte Interamericana, los expositores coincidieron en destacar su "excepcionalidad", reservada a casos de "extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad".
La Corte IDH adoptó la medida provisional a raíz de un pedido que le formuló a comienzos de este mes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado argentino incumplió sus medidas cautelares en favor de Sala.
Guillier, director ejecutivo del CELS, subrayó que ya son tres las resoluciones adoptadas en favor de Sala por organismos internacionales de protección de los derechos humanos, incluidas las otorgadas por la CIDH, por la Corte IDH y por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU.
"La resolución de la Corte Interamericana no sólo considera acreditados los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad", sino que "además impone específicamente las acciones adecuadas para dar cumplimiento a la medida cautelar" de la CIDH, apuntó.
Para el CELS, esas indicaciones precisas responden al incumplimiento de la cautelar y también, en palabras de Verbitsky, a "la pseudo prisión domiciliaria" en un inmueble que no era su domicilio habitual, vigilado por gendarmes y cercado con alambre de púa, en el que Milagro Sala estuvo recluida por un tiempo antes de ser devuelta a comienzos de este mes a la cárcel de Alto Comedero, en la capital jujeña.
Finalmente, Gómez Alcorta dijo que el "fallo histórico" de la Corte IDH "pone en su lugar al Estado nacional y hace justicia frente al poder judicial de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene la responsabilidad primaria" y, según señaló, sigue sin resolver "en dos incidentes con dictamen favorable a las peticiones de esta defensa".
La Corte IDH y la CIDH forman parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, en el ámbito de la OEA.
Milagro Sala está detenida desde enero de 2016 y acumula varias causas ante la justicia jujeña por cargos como asociación ilícita, fraude y extorsión, tentativa de homicidio y encubrimiento y lesiones graves.
Sala fue enjuiciada y condenada por un escrache, en 2009, al entonces senador y actual gobernador Gerardo Morales y atravesó otro proceso por un acampe durante casi dos meses en la plaza Belgrano de la capital provincial.
Vicegobernador Haquim: "No es nuestro problema"
Por su parte, el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, señaló hoy que la medida dispuesta por la CIDH en favor de Milagro Sala, “es un tema que deber revolver la Justicia”. Haquim fue consultado esta mañana en un conferencia de prensa y señaló que “la opinión que tenemos es la misma de siempre, que es un tema que debe resolver la Justicia”.
Con respecto al fallo de la Corte Interamericana, Haquim estimó que es la “reiteración de algo que ya se había expedido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el pedido de la detención domiciliaria y ya la Justicia había revertido esa situación de la prisión domiciliaria que ahora se vuelve a pedir”.
A comienzos de este mes, la CIDH solicitó a la Corte IDH que adoptase medidas provisionales respecto de la líder de la organización Tupac Amaru por considerar que el Estado argentino incumplió las medidas cautelares dictadas en su favor.
La CIDH está facultada para adoptar medidas provisionales como la adoptada en favor de Sala en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.
