Miguel Ángel Acuña Castillo (foto), militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido el 8 de julio de 1974, delante de sus padres y, según testimonios de prisioneros sobrevivientes, estuvo un tiempo en un centro de tortura y exterminio situado en la céntrica calle Londres, de Santiago.
Al año siguiente, su nombre figuró entre las víctimas de la Operación Colombo, un montaje de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, para explicar la desaparición de 119 prisioneros políticos, que atribuyó a una purga interna del MIR y a enfrentamientos con fuerzas de seguridad de países limítrofes integrantes del Plan Cóndor.
En un fallo unánime, consignado por la agencia EFE, la V Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó hoy el fallo de primera instancia del juez especial Hernán Crisosto y sentenció a 13 años de prisión a los generales César Manríquez Bravo y Eduardo Iturriaga Neumann y a los brigadieres Pedro Octavio Espinoza Bravo y Miguel Krassnoff como autores del delito.
Los cuatro militares, que ocuparon altos cargos en la DINA, está actualmente presos cumpliendo penas que superan los 500 años en los casos de Espinoza y Krassnoff, tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos. Otros 22 antiguos agentes, entre ellos varios que también purgan extensas condenas, fueron sentenciados a diez años de prisión, también como autores.
La Corte, en cambio, absolvió a otros 46 agentes procesados por no haberse podido acreditar su participación, aunque en primera instancia el juez Crisosto los había sentenciado a cuatro años de prisión como cómplices o encubridores del delito.
En la parte civil, el tribunal confirmó el fallo que condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización cercana a los 140 mil dólares a la familia de la víctima.
