Se escucharon los alegatos de Paula Álvarez Carreras, la abogada de una de las víctimas, Delmira Élida Garnica, y de María José Castillo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Tal como habían adelantado al inicio del proceso oral y público, ambas letradas pidieron al el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 -integrado por los jueces Santiago Díaz (presidente del Tribunal), María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas- que condene también por los delitos sexuales que se conocieron y probaron durante el juicio.
“Llegamos a este juicio con cinco personas acusadas que pertenecían a la patota del grupo de tareas de la Comisaría 9 de San Pedro, que estaba a cargo del comisario Morales, hoy fallecido, y una mujer que también era parte de esa organización”, repasó Álvarez Carreras en diálogo con El Submarino Radio (91.5).
Recordó que en esa seccional se privó ilegítimamente de la libertad a las víctimas, que estaban bajo la responsabilidad de ese grupo operativo que dependía del Área 323, comandada por Benjamín Menéndez, bajo la cual estaban todas las fuerzas de seguridad de Jujuy.
En sus alegatos, las querellas pidieron 25 años de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Arturo Morales, Ramón Sánchez, Francisco Díaz y Oscar Guzmán, por los delitos de privación ilegitima de la libertad, agravada por haber sido cometida con amenazas, con violencia y por durar más de un mes, y tormentos agravados y violación reiterada en concurso real, todos como coautores. En el caso de la acusada Aída Ruiz, pidieron que se la condene como partícipe necesario de la privación ilegitima de la libertad y del sometimiento a tormentos. “En esa patota, las mujeres tenían la función de acompañar, asistir y crear las condiciones para que las mujeres detenidas fueran sometidas dentro de la seccional”.
La causa se refiere a la detención de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todas ellas fueron alojadas en la Seccional 9 de esa ciudad, donde fueron sometidos a torturas y vejaciones. En el primer operativo, el 21 de septiembre de 1976, fue secuestrado Víctor Jesús Segura, que tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
