Torrent comparecerá un día después que el aspirante a dirigir esa comunidad autónoma, el separatista preso Jordi Sánchez, comunicó que se plantea renunciar a su condición de diputado regional y abandonar la política a cambio de su libertad.
De esa manera, el titular de la cámara autonómica podría dar a conocer, junto al cambio de candidato, la nueva fecha de convocatoria del pleno de investidura y, con ello, poner en marcha la legislatura, tres meses después de las elecciones del pasado 21 de diciembre.
El portavoz del partido conservador Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, confirmó la víspera la intención del aspirante a presidir la Generalitat (ejecutivo catalán) de dar un paso al costado, aunque no concretó una fecha.
Pujol corroboró la noticia adelantada por el abogado de Sánchez, quien el martes comunicó al Tribunal Supremo el propósito de su defendido de renunciar a la vida política para lograr su excarcelación.
Si decide dejar su acta de diputado en el parlamento de esa región del noreste de España, no podría seguir aspirando a ser investido jefe del Gobierno catalán, pues para ello tiene que ser miembro de la cámara.
En prisión desde hace cinco meses por su participación en el plan secesionista de esa comunidad autónoma, Sánchez compareció ante el Supremo para pedir su liberación y en la vista sus abogados plantearon 'la renuncia a su escaño en los próximos días'.
Esta situación llevaría a las fuerzas soberanistas -mayoritarias en el parlamento catalán- a buscar un nuevo pretendiente a dirigir la región, controlada por el gobierno español desde la fallida declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.
Según medios periodísticos, que citan a fuentes de JxCat, el elegido podría ser Jordi Turull, exportavoz del defenestrado ejecutivo de Carles Puigdemont, autoexiliado en Bélgica tras fracasar en su intento de proclamar la República catalana.
Pese a revalidar su hegemonía en los comicios de diciembre, convocados por Madrid para frenar las ansias separatistas, los partidos favorables a la ruptura con España no pudieron investir a un mandatario ante los cargos judiciales de sus candidatos.
Junto a Puigdemont, Turull es uno de los antiguos altos cargos catalanes que están acusados de rebelión y sedición por promover el referendo de autodeterminación del 1 de octubre, prohibido por la justicia española, y la posterior declaración de independencia.
Aunque en la actualidad se encuentra en libertad bajo fianza, su procesamiento -que puede producirse en el próximo año- podría conllevar la inhabilitación para cargo público.
