Según confirmaron hoy fuentes judiciales, el Tribunal integrado por los jueces Fernando Barbará, Anibal Pineda, Guillermo Toledo, Edgardo Bello, Élida Vidal y Sebastián Gallino emitirá un fallo que podría cambiar la jurisprudencia argentina en materia de crímenes contra la humanidad.
La causa es impulsada por Arturo Larrabure, hijo de la víctima, quien pide desde 2007 que este caso sea declarado “imprescriptible”. Además, en su condición de querellante, solicitó que el ex jefe del ERP "Luis Mattini" (Juan Arnold Kremer), sea llamado a prestar declaración indagatoria como “autor intelectual” de este crimen.
En 2008, la fiscal de Rosario Liliana Bettiolo solicitó que se abra una investigación para determinar si la muerte del militar, ascendido post mortem, sea investigada como delito de lesa humanidad.
Sin embargo, el entonces procurador Esteban Righi dictaminó que “las acciones insurgentes no podían ser consideradas como delitos de lesa humanidad, ya que estos sólo puede cometerse desde el Estado o con su anuencia”. En consecuencia, el juez federal Marcelo Bailaque rechazó en 2010 el inicio de una investigación, y en aquella oportunidad la Cámara Federal emitió un fallo en el mismo sentido.
Larrabure fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en una fábrica militar de Villa María, Córdoba, tras un golpe comando del ERP, y el 23 de agosto de 1975 su cuerpo apareció en Rosario.
La querella que impulsa la causa inició una presentación en diciembre pasado, que llegó a la Cámara rosarina para lograr la reapertura de la investigación, con el argumento de que el ERP era “una poderosa organización armada que había recibido el apoyo de los estados argentino, cubano y chileno”.
En función de ello, sostiene la querella, podría aplicarse la figura de lesa humanidad para determinar de qué modo murió este oficial del Ejército durante la presidencia de Isabel Martínez de Perón.
En oposición, la defensa de Kremer, representada por los abogados Gabriel Ganón y Pablo Llonto, plantea que por el caso ya hubo un proceso judicial entre 1975 y 1983, y que varias de las personas sindicadas como responsables de la muerte de Larrabure resultaron muertas o desaparecidas durante la última dictadura militar.
Por su parte, organismos de derechos humanos de Rosario consideraron que la intención de reabrir la causa obedece a “una reedición de la teoría de los dos demonios”, y convocaron a marchar mañana, a partir de las 9, a la sede de este Tribunal, ubicado en Entre Ríos 435.
