"Queremos que la Corte Suprema, que había dicho que las tarifas deben ser justas, diga cuál es el porcentaje del jubilado y del trabajador para pagar servicios públicos. De esta manera buscamos sentar un precedente", subrayó el titular de la entidad, Pedro Bussetti.
La opinión del máximo tribunal será inevitable. Los supremos tienen en su poder la definición sobre un nuevo amparo colectivo, que cuestiona la razonabilidad de los aumentos en los servicios público. Los magistrados deberán resolver sobre la competencia del caso.
Se trata de una presentación de la oficina de Defensa del Consumidor del municipio de Leandro N. Alem, contra la suba del gas para hogares. La demanda quedó radicada en el juzgado federal de Junín a cargo de Héctor Pedro Plou y los demandados son el Estado nacional, el Energas y Camuzzi Gas Pampeana SA.
La Corte ya se había expedido por las tarifas en agosto de 2016. Con un fallo que no caló en profundidad, los tribunalicios frenaron el primer calendario de aumentos en las tarifas de Cambiemos, obligó a retrotraer los incrementos a los residenciales y ordenó realizar una audiencia pública previa a la fijación de las tarifas. Luego de esas audiencias, el Gobierno avanzó con los aumentos.
"No es justo que en dos años la tarifa de energía eléctrica aumentó entre 1.020% para los que más consumen y 2.700% de los usuarios que menos usan. Lo mismo pasa con el gas", se quejó Bussetti.
En ese marco, el defensor de los consumidores recordó que "estamos pidiendo a los entes reguladores que suspendan los cortes por suministro por falta de pago y permitan al usuario pagar lo que pueden pagar" y alertó que "hay usuarios que ponen en riesgo su vida".
"Ha crecido notablemente la cantidad de corte de suministro y las conexiones clandestinas también. Si el usuario no tiene salida constitucional, en la desesperación y angustia, lo conduce a tomar una actitud que nosotros no acompañamos. Es algo muy riesgoso, puedo ocasionar la muerte", afirmó.
Según dijo el presidente de DEUCO, las carnicerías "han quintuplicado el valor de las facturas que tienen que pagar por tener una heladera conectada las 24 horas y lo mismo ha pasado con restaurantes y demás comercios barriales".
Bussetti subrayó los próximos incrementos que se vienen en las facturas. "De ahora en más, un sector de los usuarios de energía eléctrica van a recibir el aumento de febrero. En el gas, las tarifas que se aplicaron en abril van a llegar en mayo o junio. Estarían demorando la aplicación del nuevo cuadro tarifario en luz. Para los usuarios de agua que tenían subsidio zonal el aumento es del 68%. Pero tenemos un aumento promedio del 600 o 700%", sostuvo.
"Las facturas de gas y de luz que vienen con un incremento, se le agrega a que en la provincia de Buenos Aires tienen un aumento por los impuestos muy grande. La reducción de los impuestos provinciales no reduce la cuestión de fondo", aclaró.
"Este proyecto que plantea retrotraer las tarifas al 31 de diciembre del 2017 estaría asumiendo los grandes aumentos tarifarios que llegan al 2.700% de energía eléctrica y el 1.000% de gas. Las tarifas deberían retrotraerse al 31 de diciembre del 2016", explicó.
"Necesitamos que la Corte defina cuál es el porcentaje de un haber de un trabajador y un jubilado destinado al pago un servicio público. Tiene que definir esto porque estamos en una situación grave. En el fallo de octubre dijo, con mucha precisión, que las tarifas deben ser justas, razonables y accesibles al usuario", remarcó.
