En este sentido, aseguró que la ilegalidad “no desalienta la práctica” sino que “genera restricciones en derechos”.
“La realidad judicial sugiere que en la práctica está despenalizado, en 5 años sólo se iniciaron 167 causas por aborto y sólo 2 llegaron a condena, en la misma jurisdicción”, explicó Asensio.
Sobre esto, sostuvo que “hay una posición de mantener la penalización pese a que ha fracasado y a que no se desean sus consecuencias”.
“Lo que se espera de la criminalización es la puesta en acción de su valor simbólico. Quieren revestir con la ilegalidad ciertas acciones por considerarlas inmorales”, argumentó la representante de la Defensoría.
Por último, afirmó que “el uso del poder punitivo para imponer una determinada moral se encuentra prohibido por la Constitución Nacional”, dijo Asensio.
