Alrededor de 20 mil obreros, campesinos, estudiantes y miembros de organizaciones de la sociedad civil se dirigieron del sur del país al centro de la ciudad, donde los dirigentes tenían previsto leer una declaración, según han estimado los periodistas.
La movilización pacífica de los sindicatos fue interrumpida por el choque entre las fuerzas del orden y supuestos infiltrados, y fue reprimida con gases lacrimógenos y piedras.
Los ciudadanos denunciaron en las redes sociales la represión de los uniformados y la calificaron de brutal, pues también resultaron afectados niños, mujeres, ancianos y periodistas que participaban en las protestas.
Los trabajadores, convocados por las principales organizaciones obreras en protesta por la crisis económica y la violencia en el país, demandaban mejoras salariales y el incremento de los servicios básicos.
Durante las marchas, el Gobierno fraudulento de Honduras, presidido por el reelecto Juan Orlando Hernández, fue objeto de críticas por promover leyes que atentan contra la estabilidad laboral y las conquistas históricas del sector.
En los últimos meses los militares y los policías reprimen con gran violencia a los opositores del Gobierno del país latinoamericano en las continúas protestas generadas contra la dictadura y las medidas del presidente, además de por el supuesto “robo” electoral de los comicios del noviembre de 2017.
En este contexto, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Honduras (ACNUDH) lamentó en pasado enero el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones antigubernamentales opositoras en Honduras.
