“Es la señalización número 180 y forma parte de lugares donde sucedieron hechos emblemáticos del terrorismo de Estado”, dijo durante un acto el director nacional de Sitios de la Memoria, Ariel Gomplewicz. A su vez, el funcionario nacional explicó que el Estado “tiene el compromiso de señalizar los sitios correspondientes.
Éste es el resultado de mucho tiempo de trabajo y estudios, basados en los juicios y en los testimonios". Se trata de la Quinta de Fisherton, ubicada en San José de Calasanz 9100, donde durante la última dictadura funcionó un CCD.
El inmueble integró el circuito de la subzona 21, dependiente del comando del Segundo Cuerpo del Ejército en Rosario, que abarcó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.
En diversos juicios llevados a cabo en la provincia de Santa Fe se acusó, procesó y condenó a varios responsables de este lugar por delitos de lesa humanidad.
Entre los hechos se destacan la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, cuyos autores están siendo juzgados en la causa conocida como "Klotzman".
Uno de los sobrevivientes de la Quinta de Fisherton, Daniel Guives, valoró la importancia de la señalización, ya que “estos lugares tienen que estar expuestos para que esos días no se repitan”.
Al mismo tiempo, recordó el momento de su detención: "Tenía apenas 19 años; me acuerdo que estaba en mi casa durmiendo y de golpe irrumpieron, saquearon toda mi casa, robaron todo, enfermaron a mi madre y a mi padre. Mi madre no se murió de casualidad, fueron días muy oscuros”.
La víctima fue liberada a los tres días, y “cuando me soltaron me dijeron que los perdone, que se trató de un error, pero que ellos lo hacían por la patria”.
Durante su estadía en el centro de detención, Guives se encontraba con los ojos vendados, pero asegura que “por las voces que se oían habrían otras seis personas más”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de Santa Fe, Marcelo Trucco, consideró que los juicios por delitos de lesa humanidad “no pueden esperar más, porque la justicia es una necesidad y una obligación que tenemos como Estado".
Y concluyó: “Si bien en los juicios se busca una condena justa a los responsables de estos hechos, se pretende la reparación, no solamente frente a las víctimas sobrevivientes, sino hacia toda la comunidad, sobre cómo podemos construir la memoria colectiva, y eso se hace a partir de saber qué pasó”.
