“Este es un delito de Estado”, destacó la activista colombiana en su cuenta de Twitter; y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército y la policía son los mayores victimarios, añadió.
Este es un delito de Estado", dijo la activista y defensora colombiana de derechos humanos, Piedad Córdoba.
Córdoba también denunció las declaraciones sobre que las desapariciones forzadas son producto e la guerra entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En referencia al acuerdo logrado entre las FARC y el Gobierno colombiano sobre las desapariciones forzadas, rechazó las declaraciones de algunos sectores que lo califican de “politiquero”.
El sábado, el Gobierno colombiano y la guerrilla acordaron iniciar la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado.
El acuerdo se anunció en La Habana, capital cubana y sede de los diálogos de paz, en presencia de ambas delegaciones negociadoras, encabezadas por Humberto de la Calle, como representante del Gobierno colombiano, y el guerrillero Iván Márquez.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acogió con beneplácito el lunes el acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC para la búsqueda, ubicación y entrega de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado.
De acuerdo con las estimaciones de la Unidad de Víctimas de Colombia, el conflicto armado interno, que vive el país suramericano desde hace medio siglo, ha dejado unas 46 557 víctimas directas de desaparición forzada.
La directora de la Unidad de Víctimas de Colombia, Paula Gaviria, precisó en mayo que nueve de cada diez víctimas son hombres y, entre 2012 y 2015, su Unidad ha acompañado la entrega de restos a 1428 familias en 26 de los 32 departamentos del país
