Lorenzana detalló que las autoridades se reunieron con todos los partidos políticos salvadoreños para dar a conocer su propuesta y también con las empresas privadas administradoras de los fondos de pensiones, conocidas como AFP.
Lorenzana subrayó en entrevista con Televisión de El Salvador que la iniciativa gubernamental plantea un sistema mixto para administrar las cotizaciones de los trabajadores porque lo medular de la propuesta es cómo garantizar que el Estado tenga el flujo de recursos para poder pagar las pensiones.
Descartó subir la edad mínima de jubilación a 65 años para los hombres y 55 para las mujeres como proponen algunas organizaciones, por considerar que eso no es viable.
Las AFP comenzaron a administrar las cotizaciones de la mayoría de las personas en 1998, y el gobierno de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) hizo seis promesas que no cumplió.
Pensión digna, mayor cobertura de cotizantes, buenos rendimientos de los fondos, inversión de los fondos para financiar el desarrollo, creación de un sistema de capitalización individual y sostenibilidad financiera del sistema, son las ofrecimientos pendientes.
Actualmente, el 80 por ciento de las pensiones no son digna, la cobertura sigue siendo del 24 por ciento de la población económicamente activa, igual que en 1998, asegura el economista Césa Villalona.
Asimismo, los rendimientos de los fondos cayeron de 13 por ciento en 1998 a seis por ciento en 2006 (tras la reducción de la tasa de interés provocada por la dolarización) y a menos dos por ciento en 2008, pues la inflación superó la tasa de interés. Actualmente está en alrededor de tres por ciento.
Desde el año 2006, cuando Arena gobernaba, una buena parte de los fondos de las AFP no se invierten para financiar proyectos de desarrollo, explicó el economista.
Lo que hace es prestarle al gobierno para que pague pensiones de personas jubiladas del Instituto Nacional de Pensiones para Empleados Públicos y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, lo que se llama fideicomiso.
Todo esto trajo consigo que el sistema de capitalización individual quebrara, y finalmente el sistema no es sostenible, ya que le generó una enorme deuda al Estado, que solo por el fideicomiso le debe a las AFP, es decir, a la gente que cotiza, más de tres mil 400 millones de dólares.
