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» » Escrache contra el “engendro represivo” de Patricia Bullrich

(23/02/16 - Política Represiva Macrista)-.Militantes de izquierda protestaron frente al domicilio de la ministra de Seguridad de la Nación para manifestar su rechazo al protocolo anti-manifestaciones. Además de vulnerar el derecho constitucional a la protesta, la medida atenta contra la libertad de expresión.

Un grupo de militantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) realizó hoy un escrache frente a la casa de Patricia Bullrich para repudiar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, que le permitirá a la policía reprimir cualquier protesta sin necesidad de contar con una orden judicial.

“El protocolo viola los derechos constitucionales a reunirse, manifestar y peticionar a las autoridades y busca sofocar los reclamos populares contra el ajuste macrista”, señaló el ex legislador porteño, Alejandro Bodart, y advirtió que “con semejante engendro represivo volverá a haber muertos en las marchas”.

“¿Qué clase de diálogo puede haber si a una persona que protesta la van a sacar a los palazos a los cinco minutos? La gente que protesta corta una calle después de haber hecho un calvario de citas con funcionarios que no les dan respuesta o de ir a ver a patrones que se fugan y dejan a los trabajadores en banda”, explicó Bodart.

La protesta se tuvo lugar en la esquina porteña de Beruti y Scalabrini Ortiz, donde se ubica el domicilio particular de la ministra de Seguridad.

El protocolo, aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad Interior, recibió un fuerte rechazo de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos.

Además de regular los cortes de calles y rutas, entre otras manifestaciones, la medida macrista introduce limitaciones al trabajo de periodistas, fotógrafos y otros trabajadores de la comunicación.


La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (REDCOM) expresó días atrás su “profunda preocupación” por este protocolo, que no sólo criminaliza las protestas sociales y extiende las facultades policiales para reprimir, sino que representa “un serio atentado contra la libertad de expresión en Argentina”.

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