La creciente devaluación y decenas de miles de despedidos en el Estado y en los privados, están poniendo en alerta a los organismos de ddhh y movimientos sociales.
En otro renglón se insiste en que el gobierno nacionales y algunos estados provinciales están criminalizando la protesta social. El caso mas resonante, y que ya tiene alcance internacional, es el de Milagro Sala (diputada del Parlasur) quien carga con una condena política por parte del gobernador Gerardo Morales y avalado por el presidente Mauricio Macri.
Declaración del CELS
Centro de Estudios Legales y Sociales
Limitación del derecho a la protesta
El Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al “orden público” por encima de todo. Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad.
El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta.
Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles
Además, limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta.
Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta
