En un comunicado que informa sobre la detención de Alfonso, que fue secretario general del Ejército durante la presidencia de Fernando de la Rúa, Abuelas recordó que el ex general de brigada está imputado por el asesinato de Antonio García y el secuestro de su mujer, Beatriz Recchia, que estaba embarazada, en 1977.
"En el marco de este caso, anexado a la causa Nro. 4012 -en la que se investigan los crímenes cometidos en la zona de Campo de Mayo-, se logró ubicar a Alfonso, quien desde 2012 vivía en Paraguay bajo la falsa identidad de Walter Fariña Falcon", precisa el comunicado.
Abuelas señaló que "la detención del prófugo fue fruto de la labor conjunta" del Juzgado Federal 2 de San Martín "a cargo de la jueza Alicia Vence (donde tramita la causa), Secretaría ad hoc de Derechos Humanos de Agustín Rodríguez Berdier; la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la oficina de Interpol Argentina".
Según fuentes judiciales, “a los efectos de mantenerse prófugo, Eduardo Alfonso contó con colaboración tanto económica como logística de carácter nacional e internacional". No obstante, según las fuentes, "al presumir la inmediatez de su detención y verse cercado", Alfonso "decidió entregarse a la Justicia, razón por la cual se hizo presente en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado”.
"Hace ocho años que denunciamos a Alfonso y hace cuatro que evade la ley. Hoy, a casi 40 años del asesinato de Antonio García y el secuestro de Beatriz Recchia, reclamamos que el caso avance rápidamente hacia el juicio oral y así Alfonso pueda ser juzgado y condenado", concluyó el comunicado de Abuelas.
En cautiverio, Beatriz Recchia, que había sido secuestrada de su casa en Villa Adelina, norte del gran Buenos Aires, dio a luz a una niña que fue buscada por su hermana Juliana y por fin hallada en 2009. A fines de octubre de 2012, el Ministerio de Defensa dispuso dejar de pagar el retiro militar a Alfonso, quien hasta ese momento lo seguía percibiendo pese a estar prófugo desde mayo del mismo año en la causa por su participación en el operativo que secuestró y desapareció a Beatriz y asesinó a Domingo.
Esta decisión gubernamental fue adoptada después de que Abuelas de Plaza de Mayo denunció que con el pago de los haberes de general retirado, efectuado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) dependiente de Defensa, el Estado nacional no hacía más que “financiar la fuga” del represor.
