El capitán (R) Jorge Exequiel Acosta (foto) utilizó ese derecho como acusado para plantear una vez más la "nulidad" del juicio porque, sostuvo, "se han violado todas las garantías constitucionales" y en las audiencias "la mayoría de los testigos falsearon la verdad".
Sobre los sobrevivientes que declararon como testigos, afirmó que es "errónea la adjudicación de que eran perseguidos políticos o militantes sociales, fueron terroristas".
Acosta también y pretendió que La Perla y La Ribera "no eran centros ilegales o clandestinos" de detención, sino que eran "lugares de reunión de detenidos".
"No tengo nada de qué arrepentirme ni nada de qué pedir perdón, he cumplido con mi deber de soldado de defender a mi patria hasta perder la vida en contra del ataque artero de un enemigo terrorista y despiadado, instruido y entrenado en naciones extranjeras, convirtiéndolos en traidores a la Patria", expresó Jorge Acosta, que en el momento de los hechos juzgados se desempeñaba en el Destacamento de Inteligencia 141 “General Iribarren”.
Acosta está acusado de ser autor de 253 privaciones ilegítima de la libertad, 13 homicidios calificados, 12 imposiciones de tormentos y la sustracción de un menor de 10 años.
No obstante, esta mañana insistió en proclamar su "inocencia en todo y en cada uno de los hechos" que le imputan y agregó: "Nunca recibí órdenes ilegales, ni impartí órdenes ilegítimas", tras lo cual dijo ser "responsable por lo que hayan hecho mis subalternos en cumplimiento de mis órdenes".
También el otro imputado que hoy hizo uso del derecho a últimas palabras, Arnoldo José López, alías “Chubi”, expresó que sus garantías constitucionales fueron "sistemáticamente violadas" durante el juicio y habló de un "relato mentiroso" de los testigos y concluyó que "nada ha hecho el tribunal al respecto".
López era personal civil (PCI) del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército, integró el grupo paramilitar Comando Libertadores de América (CLA, versión provincial de la Triple A) y está acusado de ser autor de 283 privaciones ilegítimas de la libertad, 267 casos de tormento, 190 homicidios calificados y 14 casos de tormentos seguidos de muerte.
Tras las exposiciones de ambos imputados, el presidente del Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gravier, cerró el debate y anunció que los jueces pasaban a deliberar hasta mañana a las 11, cuando dictarán sentencia.
Para la audiencia de mañana, cuando se conocerá el veredicto, está previsto que asistan el gobernador Juan Schiaretti; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la titular de Abuelas en Córdoba, Sonia Torres, y legisladores provinciales y nacionales, entre otros.
