En una conferencia de prensa realizada este jueves en la sede de APYME, el tituñar de la entidad empresaria, Eduardo Fernández, acompañado por el presidente de la Delegación Córdoba, Humberto Spaccesi; el gerente Roberto Ratti Merchante, y el letrado patrocinante, doctor Miguel Rodríguez Villafañe, abordó el contenido y los alcances del amparo.
En tal sentido, Fernández indicó que el propósito del recurso presentado es “que la Justicia Federal se pronuncie sobre la legalidad del proceso de los cuadros tarifarios impuestos por el Gobierno Nacional”. Además se solicita la “impugnación de las audiencias públicas, que tal como están convocadas contravienen las leyes vigentes y la Constitución Nacional”.
El presidente de APYME observó que el nuevo cuadro tarifario, de carácter confiscatorio, “agrava sensiblemente la actual situación de baja en la actividad económica, con carencia de inversiones, suba permanente de precios, alta inflación, la importación abierta y demás aspectos que hoy ponen en situación de emergencia a las Pymes, el empleo y los sectores más desprotegidos de la sociedad”.
Por su parte, Rodríguez Villafañe, explicó que la presentación está dirigida a que el conjunto de las micro, pequeñas y medianas empresas de todo el territorio nacional sean incluidas en el fallo de la Corte Suprema que determina la retracción del cuadro tarifario impuesto por el Gobierno, hoy restringido a usuarios residenciales.
El letrado también informó que la presentación de APYME pide “un pronunciamiento sobre la incompatibilidad del ministro de Energía Juan José Aranguren en su función, en virtud de la Ley 25.188 de ética pública, ya que el funcionario posee acciones de las empresas que se benefician con los incrementos, títulos que aumentaron de enero a la fecha un 37% en euros”. Por este motivo, afirmó, “todas las resoluciones de Aranguren deben declararse nulas”.
Roberto Ratti Merchante se extendió sobre la impugnación de la convocatoria a audiencias públicas. “Carecen del carácter participativo y federal con el que fueron instituidas”, observó el gerente de APYME, al realizarse sólo en la CABA y habilitando días y horarios inhábiles. “Tal vez a un ciudadano de Córdoba le toque hablar a las tres de la mañana de un día sábado, ¿cómo se va a enterar el resto de la población lo que se tiene para decir sobre un tema crucial?”, ejemplificó.
Ratti adujo además que la convocatoria “afecta tratados internacionales con jerarquía constitucional y resulta violatoria de los principios de razonabilidad enumerados en la Constitución Nacional; en particular contradice el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, donde se ordena promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos”.
