En el marco de la constante criminalización de las luchas de los pueblos originarios de la zona que viene denunciando la CPM, preocupa además el lugar donde se realizará la audiencia el 31 de agosto (destacamento de Gendarmería de Esquel) y el desmesurado arribo de gendarmes a la ciudad en las últimas horas.
Durante la tarde de hoy, previo a la audiencia del día siguiente en la que concluirá el juicio por la causa de extradición, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, visitará al lonko mapuche del Departamento de Cushamen, Facundo Jones Huala, detenido con prisión preventiva en la Unidad Penal 14 de Chubut desde hace 3 meses y a la espera de la resolución de una causa federal por la que el Estado chileno pidió la extradición.
Antes de viajar a Esquel, Pérez Esquivel manifestó que “se debe terminar esta contradicción que consiste en criminalizar a los pueblos originarios por sus luchas y sus derechos ancestrales, mientras se benefician los grandes terratenientes en tierras que no les pertenecen; en este contexto, Facundo Jones Huala es un preso político”.
Luego de la entrevista con Jones Huala, el presidente de la CPM se reunirá con las familias del Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, que acampan en las inmediaciones de la cárcel en apoyo al líder mapuche con el objeto de visibilizar el grave estado de persecución y criminalización al que son sometidos los pueblos originarios de esa región patagónica.
La presencia de Pérez Esquivel en la audiencia del miércoles 31 será un nuevo paso en el proceso de acompañamiento que la CPM viene llevando a cabo respecto a las comunidades mapuches hostigadas y criminalizadas judicial y policialmente desde hace más de un año cuando comenzaron un importante movimiento de recuperación de tierras ancestrales.
En este sentido, Pérez Esquivel señaló que “mañana estaremos en la audiencia para expresar nuestro posicionamiento ante los derechos de los mapuches en la región, porque nos preocupa que los pueblos originarios sean presentados como victimarios cuando, en realidad, son víctimas y se está violando la Constitución Nacional, el convenio de la OIT y la declaración de principios de las Naciones Unidas sobre pueblos originarios”.
Cabe recordar que Jones Huala está imputado en dos causas penales: una por supuesta usurpación y abigeato agravado que fuera denunciada por la Compañía de Tierras del Sud Argentino, propiedad de la familia italiana Benetton; y la otra, por los presuntos delitos de incendio, tenencia ilegal de armas de fabricación artesanal e ingreso clandestino al territorio chileno, por la cual la justicia del país vecino solicita al juez federal de Esquel la extradición del líder mapuche. La comunidad ha rechazado reiteradamente los cargos de incendiar bosques o praderas, reafirmando su cosmovisión que prioriza el cuidado y protección de la naturaleza y el medio ambiente.
Es esta última causa la que se resolverá mañana en audiencia oral y pública. Para la CPM resulta de extrema gravedad que el juez federal Guido Otranto haya resuelto que el lugar físico para la realización de la audiencia sea el Destacamento de Gendarmería Nacional en Esquel. La institución solicitó expresamente al juez que se evite ese lugar que constituye una provocación a la comunidad mapuche que fuera víctima de la represión de parte de dicha fuerza. La misma solicitud fue formulada a la Sra. Fiscal Federal Silvina Avila, quien demostró estar más preocupada por una posible violencia de la comunidad mapuche, que por la violencia permanente que la Gendarmería y la Policía provincial ejercen sobre estas comunidades.
La CPM expresa también su preocupación porque la posible extradición a Chile puede implicar la aplicación de la ley antiterrorista contra Jones Huala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado chileno por su reiterada aplicación de esta normativa contra la comunidad mapuche.
Además, en las últimas horas se verificó en Esquel una impresionante llegada de efectivos de Gendarmería Nacional que “custodiarán” el desarrollo de la audiencia y los alrededores. Resulta más grave aún este despliegue considerando que se trata de la misma fuerza que en mayo pasado desalojó brutalmente a Facundo Jones Huala y a miembros de su comunidad.
Para la CPM hay que profundizar las instancias de diálogo y mediación con las comunidades originarias de Chubut. En ese sentido, desde el organismo exigen el cese de la persecución policial y judicial contra los militantes mapuches y las organizaciones sociales y de derechos humanos que integran la Red de Apoyo a las Lof en Resistencia.
La prisión preventiva contra Facundo Jones Huala representa la continuidad de prácticas de criminalización que atentan contra los principios constitucionales de reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, al mismo tiempo que consolida la condición de preso político del líder mapuche desde una reacción estatal represiva y racista.
Las graves irregularidades y prejuicios de la justicia de la Provincia de Chubut han llegado incluso a utilizar el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el 2015, que utilizó para imputarlos pruebas obtenidas sin ningún respeto a las garantías constitucionales, cometiendo graves delitos contra la comunidad, como la persecución y el hostigamiento permanente de la Policía provincial, que ha detenido y golpeado jóvenes mapuches sólo por pegar afiches reclamando la libertad de Jones Huala.
