El recurso presentado por los fiscales Marcelo Molina (foto) y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira, objeta la decisión del tribunal que, con una mayoría compuesta por los jueces Germán Castelli y Alejandro Esmoris, se basó en que el recluso tiene más de 70 años y en un informe de médicos penitenciarios que está sospechado de haber sido hecho en base a datos fraguados.
La presentación de los fiscales corresponde a la causa unificada en la que se investigan crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en las brigadas de Banfield y Quilmes, por la que Etchecolatz debe ser juzgado en juicio oral, y en el expediente sobre la red represiva de la capital provincial, denominada judicialmente "Circuito Camps", en la que Etchecolatz fue condenado a prisión perpetua en el 2012.
El Ministerio Público Fiscal adelantó a través de su web informativa que una presentación similar hará en la causa que investiga crímenes perpetrados en la Brigada de San Justo, en la que el represor se encuentra en prisión preventiva.
Según los fiscales, el fallo que recurren "se encuentra precedido de una actuación prima facie irregular del Servicio Penitenciario Federal", en relación al informe médico sobre el que fundaron la decisión de conceder el beneficio de la prisión domiciliaria.
De hecho, recordaron la denuncia que días pasados formularon para que se investigue si los médicos de esa institución fraguaron datos sobre el peso y la salud del represor para que lograra acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
Tras esa denuncia, el viernes pasado el juez federal de primera instancia, Ernesto Kreplak, ordenó el secuestro de la historia clínica de Etchecolatz y de documentación relacionada, en un procedimiento realizado en la cárcel de Ezeiza encabezado por la propia Fiscalía con efectivos de la Prefectura Naval.
Los fiscales recordaron un cuestionamiento anterior de los médicos penitenciarios que, sin intervención del Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia, recomendaban la prisión domiciliaria por un "supuesto riesgo de muerte súbita" y señalaban que había bajado "ocho kilos (de 73 a 65) durante la huelga de hambre que había iniciado" y que tres meses antes pesaba 67 kilogramos, diferencia evaluada como "inverosímil" por "el rápido aumento de peso justo para la época en que dejó de ingerir alimentos".
Ante los pedidos de prisión domiciliaria en diferentes causas, la Unidad Fiscal reclamó ante el juez Kreplak el peritaje del CMF y ofreció peritos de parte, que dependen de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General, lo que fue aceptado por el magistrado.
El dictamen conjunto de los profesionales indicó que Etchecolatz “cursa un cuadro de deterioro físico importante dada la huelga de hambre que está realizando, lo que motiva la necesidad de su internación en hospital de extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio".
"En el momento de la presente pericia no se encuentra comprendido en el art. 32 de la ley 24.660”, es decir, el que prevé la prisión domiciliaria, continuó el dictamen.
Por esa razón, Kreplak rechazó la concesión del beneficio y Etchecolatz -que fue trasladado y examinado en una clínica de Monte Grande- continúa en el hospital de la cárcel pese a las resoluciones favorables que obtuvo en el TOCF 1 de La Plata y en otros tribunales.
En tanto, el MPF cuestionó la resolución del TOCF por "fundar lo decidido en razones etarias" y por no "abordar las condiciones de salud concretas de Etchecolatz, lo cual conspira contra la jurisprudencia consolidada en la materia en cuanto a que los requisitos legales deben valorarse junto a otros aspectos relativos a la salud y su relación con las condiciones de encierro, no operando de manera aislada o automática" el hecho de que el solicitante tenga más de 70 años.
Además, recordó "la multiplicidad de causas" que pesan sobre Etchecolatz, y "la posible vinculación que puede tener el imputado con miembros y estructuras afines a la dictadura, que operan en la actualidad amenazando a testigos y víctimas, siendo emblemático aquí la desaparición del testigo víctima Julio López".
