"Una reforma colonizadora sobre el Ministerio Público Fiscal", tituló su informe sobre el tema la Mesa integrada por los diez organismos. Sostiene que el dictamen adoptado por mayoría en comisiones de la Cámara de Diputados el pasado 18 de octubre "plantea un gravísimo retroceso de la autonomía de ese Ministerio Público frente al poder político" y “es un paso más en la deconstrucción del Estado de Derecho y su reemplazo por el Estado de Excepción”.
Firman el documento Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), H.I.J.O.S. Capital, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, APDH-La Matanza y Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
"El Ministerio Público Fiscal, una de las cuatro autoridades la Nación, según el artículo 120 de nuestra Constitución, tendría seriamente limitada su capacidad de dirigir la política criminal", argumentaron.
Según ese punto de vista, las posibilidades de actuación de Gils Carbó -y quienes en el futuro la sucedan en el cargo- "quedarán fuertemente recortadas: en lugar de ser una magistrada con jerarquía similar a la de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pasaría a ser una empleada con contrato a plazo fijo, sometida a una maraña de controles políticos".
El documento recordó además que la citada reforma persigue la remoción de la actual procuradora "a través de una doble vía", mediante la limitación del mandato a "cinco años, retroactivo a su designación" y con el número de "diputados necesarios para acusarla", que "en lugar del actual (dos tercios de los presentes) bajaría a una mayoría simple de legisladores presentes".
Además, señala que al definir las funciones y atribuciones del procurador general de la Nación (PGN) el dictamen pone énfasis en "los delitos vinculados al narcotráfico, la corrupción, la delincuencia organizada, los secuestros extorsivos y los delitos de alto impacto social".
"Resulta evidente la ausencia de las torturas y los homicidios por gatillo fácil cometidos contra los pobres, excepto que causen un 'alto impacto social' (es decir, mediático)".
Respecto a la subordinación del MPF al poder político, el informe de los organismos alude a las atribuciones que el proyecto reformador asigna al Consejo de Seguridad Interior y también a las facultades de la Comisión Bicameral de Control, entre otros aspectos.
También critica cambios en las procuradurías especializadas y la intención de crear una "Procuraduría de Terrorismo, con evidente riesgo de que se destinen esfuerzos a la persecución de militantes populares, atento a la existencia de la ley de Antiterrorismo, criticada por los organismos de derechos humanos".
Otras objeciones aluden a la intención de que en jurados de concursos la reforma contemple incluir a "un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien no se le exige ningún requisito de idoneidad, y al aumento del peso del Ejecutivo y del Senado en el Tribunal de Enjuiciamiento.
"La reforma propuesta tiene como objetivo explícito la remoción de la actual procuradora general de la Nación por no haberse sometido al actual Gobierno y haberse plantado contra tradicionales prácticas del aparato judicial", señalaron los organismos.
Siempre según el documento, "sobre todo, busca la recolonización del Ministerio Público Fiscal, para garantizar la puesta en marcha de una política criminal (y un sistema penal) que responda a una mirada homogénea (no social) que privilegie los intereses de los poderosos, dentro y fuera del Estado".
"Es un paso más en la deconstrucción del Estado de Derecho y su reemplazo por el Estado de Excepción, cuyas primeras formas de existencia vemos en el Jujuy colonizado por (el gobernador Gerardo) Morales", expresaron los organismos de derechos humanos firmantes.
