El Proyecto del Senado 51, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, fue avalado por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el senador independiente José Vargas Vidot. De hecho, la votación final fue de 22 votos a favor y ocho en contra.
Antes de su aprobación, la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) advirtió que acudiría ante el Departamento de Justicia federal para intentar frenar la consulta de status.
Los senadores del PPD insistieron en que la exclusión del Estado Libre Asociado (ELA) entre las alternativas de status político del plebiscito resulta arbitraria e injustificada, y argumentaron que esa opción cumple con las exigencias del gobierno de Estados Unidos sobre la celebración de la consulta. Presentaron una serie de enmiendas para garantizar la presencia de esa fórmula de status, pero todas fueron derrotadas.
“Excluir de este proceso a aquellos que legítimamente entendemos que nuestro derecho constitucional y ciudadano, y más que constitucional, mi derecho natural, como ser humano, es poder estar representado en una papeleta. Si ustedes aprueban esto hoy, yo no me siento representado”, señaló el senador Eduardo Bhatia, portavoz de la delegación del PPD, durante su turno de debate.
“Si ustedes excluyen, lo que están haciendo es reducir este ejercicio, que podría ser legítimo, a un ejercicio no legítimo, a un ejercicio que puede tener una mayoría de esas que ustedes quieren, pero no es legítima, a una mayoría que, por más grande o pequeña que pueda ser, si excluye participación, si no hay verdadera democracia… si no hay participación absoluta, no hay democracia. No entiendo por qué la insistencia de hacer un proceso que no sea legítimo”, aseveró el expresidente senatorial.
Fue el senador José Nadal Power el que presentó sin éxito las enmiendas de la minoría del PPD. Enfatizó que los cambios propuestos al proyecto contaban con el apoyo de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Aníbal Acevedo Vilá, aunque no precisó si igualmente eran respaldados por el presidente saliente de la colectividad, David Bernier.
Entre los cambios, Nadal Power sugirió que, además de la “Estadidad” y “Soberanía separada de los Estados Unidos”, se incluyera como alternativa de status político una definición de “ELA Desarrollado” y otra de “ELA Soberano”. Además, recomendó que se incluyera como opción “Ninguna de las Anteriores” para aquellos electores que no se sintieran identificados con ninguna de las fórmulas presentadas en la papeleta.
Tras ver frustradas sus intenciones, Nadal Power anticipó que el PPD acudiría ante el Departamento de Justicia federal, agencia que estaría a cargo de certificar y validar las opciones de status en la pieza legislativa, para plantear que las alternativas incluidas no representan a la totalidad de los votantes en la Isla, y de esa forma, tratar de frustrar la consulta.
Nuevas fórmulas del ELA
La definición de “ELA Desarrollado” incluye una petición al Congreso para que “perfeccione” la relación política de la Isla con Estados Unidos. “La perfección de ELA consistirá de medidas urgentes para la creación de empleos, la recuperación y el crecimiento económico, mayor gobierno propio en los asuntos económicos, un uso más equitativo y efectivo de los programas federales, la profundización de los soportes democráticos de la relación y medidas para operar y participar competitivamente en el sistema internacional globalizado”, reza la descripción de esa alternativa.
En tanto, el “ELA Soberano”, según presentado por la minoría del PPD, conllevaría una petición al gobierno federal “para continuar el proceso de descolonización” del País.
“El ELA Soberano se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas. Dicho acuerdo dispondría el alcance de los poderes jurisdiccionales que el pueblo de Puerto Rico autorice a dejar en manos de Estados Unidos y retendría los restantes poderes y autoridades jurisdiccionales”, detalla esa opción.
Recalca, además, que, de prevalecer esa opción, los puertorriqueños y sus descendientes retendrían la ciudadanía estadounidense. El proyecto, según aprobado, indica en múltiples disposiciones que un voto por la “soberanía” implicaría la pérdida de la ciudadanía estadounidense para aquellos que nazcan luego que se proclame ese status político, de resultar favorecido en la consulta.
Nadal Power también recomendó como enmienda que se estableciera expresamente que un voto a favor de la “estadidad” significaría apoyar que los tribunales y las escuelas públicas utilicen el inglés en primera instancia, pagar impuestos federales, eliminar la capacidad de participar de manera independiente en las Olimpiadas u otras competencias deportivas internacionales, y perder autonomía fiscal.
“Este es un proyecto de estadidad, no de autodeterminación, es un proyecto excluyente… No hay duda de que es una distracción para las verdaderas prioridades del pueblo de Puerto Rico, es una distracción para que no se discutan los problemas que tenemos como país, los retos económicos y fiscales”, sostuvo Nadal Power.
De manera separada, el senador popular Cirilo Tirado sometió también enmiendas para que se incluyera la “Libre Asociación” como opción en el plebiscito de junio, además de incluir bajo los que apoyen esa opción la intención de celebrar luego una asamblea de status para definir esa fórmula. Igualmente, esos cambios fueron derrotados.
El proyecto de ley dispone que, en caso de que en el plebiscito de junio prevalezca la opción de la soberanía, entonces el 8 de octubre se efectuaría un referéndum con la “Libre Asociación” y la “Independencia” como únicas alternativas.
La pieza legislativa, según enmendada y ratificada por la mayoría del PNP, alteró las definiciones de ambas alternativas. En el caso de la “independencia”, establece que esa fórmula de status supone un respaldo a la ciudadanía puertorriqueña y a un “Tratado de Amistad y Cooperación” entre Puerto Rico y Estados Unidos luego de la transición hacia la separación permanente.
Rechaza exclusión
Antes de que la delegación del PPD presentara sus enmiendas, Rivera Schatz recalcó que, durante el análisis de la medida de su autoría, ninguno de los líderes populares que compareció a la vista pública la semana pasada pudo presentar una representación clara del ELA que promueven.
“Hubo una pretensión de un cheque en blanco, de que se comprometiera la Asamblea Legislativa a aceptar una definición sin adelantar de qué se trataba… Estoy convencido de que el proyecto cumple con todas las garantías para que todas las formulaciones ideológicas se inserten y participen”, expresó Rivera Schatz.
De igual forma, rechazó que la propuesta de su autoría favorezca la estadidad, y criticó duramente el inmovilismo que, según dijo, ha caracterizado al PPD con relación a la resolución del status del País.
El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, censuró también la actitud que han adoptado los gobiernos del PPD con relación a la situación política de la Isla, y dijo que las enmiendas aprobadas por el PNP al describir las alternativas de status han provocado que los líderes de esa colectividad mantengan la inacción, y se amparen en su inconformidad con el proceso propuesto para no definir el ELA.
“Esto es un proceso legislativo, yo le voto en contra al proyecto, pero que no le quepa duda a nadie que el PIP utilizará las estrategias necesarias para combatir la pretensión de imposición unilateral del anexionismo desde los foros que tengamos que combatirlo”, manifestó Dalmau.
Vargas Vidot fue menos contundente en su turno al referirse a la medida, pero destacó la necesidad de acabar de manera urgente con la condición colonial de la Isla.
“Deseo, desde lo profundo de mi corazón, que esto funcione, pero a veces creemos que el mundo empieza y termina en el Capitolio y, por eso, no vemos la trascendencia de nuestros actos. Esto es serio, se trata de colonialismo, de un pecado social, el colonialismo es una fractura en el alma del puertorriqueño”, sostuvo el senador independiente.
Además de atrasar las fechas originales de las consultas, el Senado sometió enmiendas adicionales de índole electoral para aclarar que las papeletas dejadas en blanco en el plebiscito no serían adjudicadas, y no “formarán parte del cómputo de los por cientos del resultado de la votación”.
