Por otra parte, en CABA, la Justicia rechazó beneficiar con el 2x1 y excarcelar al condenado apropiador de la diputada Victora Donda, el prefecto retirado Juan Azic (foto), actualmente con prisión domiciliaria por razones de salud.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Córdoba rechazó hoy los pedidos de aplicación del beneficio del 2x1 de tres represores de la dictadura condenados por delitos de lesa humanidad, cuyas defensa fundamentaron la solicitud en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Muiña.
El tribunal integrado por los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci resolvió rechazar los pedidos de aplicación del beneficio del 2x1 a Ricardo Ramón Lardone, Carlos Alberto Diaz y Juan Emilio Huber, y en consecuencia denegó las excarcelaciones.
Díaz, suboficial retirado del ejército especializado en inteligencia, fue condenado a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima.
También fue condenado por los delitos de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes (veintiocho hechos en concurso real); desaparición forzada agravada por resultar la muerte de la víctima (168 hechos en concurso real); y coautor por dominio de la acción de los delitos, entre otros delitos.
Lardone, quien se desempeñó como personal civil de inteligencia del ejército, fue condenado a la pena de prisión perpetua por los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (402 hechos en concurso real).
También fue hallado culpable de los delitos, entre otros, de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso de una pluralidad de partícipes (39 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía, ensañamiento y por el concurso de una pluralidad de partícipes y desaparición forzada de menor (un hecho).
Por su parte, Juan Emilio Huber, quien se desempeñó como jefe de la Policía Militar, órgano que tomó el control de los pabellones de presos políticos en la Unidad Penitenciaria 1 (UP1), donde 31 de ellos fueron fusilados mediante la aplicación de la "ley de fuga".
En esa causa denominada "Videla y otros", Huber fue condenado en la sentencia dictada en el año 2010, a la pena catorce años de prisión por los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima (28 hechos en concurso real) y tormento seguido de muerte (un hecho); todo en concurso real.
En Córdoba quedan por resolver 16 pedidos de condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que figura el solicitado por el ex titular del tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, sobre el que el fiscal Carlos Gonella, ya anticipó que se expedirá en contrario de lo solicitado por el represor.
Cinco rechazos en La Plata
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata rechazó hoy, por mayoría, otros cinco pedidos de excarcelación por aplicación del 2x1 de condenados por delitos de lesa humanidad, con lo que ya son 15 las solicitudes negadas por ese órgano judicial.
Una fuente judicial informó a Télam que el Tribunal rechazó el pedido efectuado por el chofer de Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, condenado a prisión perpetua por su participación en el ataque a la casa Mariani-Teruggi en 1976, donde fueron asesinados sus ocupantes y sustraida la beba -aún desaparecida- Clara Anahí Mariani.
También hizo lo propio con el ex comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pedro Antonio Ferriole, y para el ex oficial de la misma repartición, Jorge Daniel Lencinas, ambos condenados en 2012 a 11 y 14 años de prisión, respectivamente, en el marco de la denominada causa "Circuito Camps".
La misma medida adoptaron para María Mercedes Elichalt, condenada el 12 de julio de 2013 a diez años de prisión por apropiarse de la primera nieta recuperada nacida en cautiverio y para el ex suboficial de la policía bonaerense en Junín, Miguel Ángel Almirón, condenado en 2015 a 18 años de prisión.
Las resoluciones del tribunal fueron en línea con los dictámenes de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, integrada por los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y por el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
Los jueces Pablo Vega y Germán Castelli rechazan la aplicación del artículo 7 de la ley 24.390 por considerar que no estuvo vigente ni a la época de los hechos ni en el momento de la investigación ni del juzgamiento de los condenados.
En cambio, Alejandro Esmoris entiende que se trató de una ley penal más benigna que, aunque su vigencia se extendió entre 1994 y 2001, debe aplicarse y, por lo tanto, extender el beneficio del cómputo privilegiado a condenados en este tipo de hechos.
Doble rechazo para el apropiador de Victoria Donda, en la CABA
La Justicia rechazó hoy beneficiar con el dos por uno y excarcelar al condenado apropiador de la diputada Victora Donda, el prefecto retirado Juan Azic, actualmente con prisión domiciliaria por razones de salud.
La decisión fue adoptada por el juez federal porteño Sebastián Ramos, en base a un dictamen del fiscal Franco Picardi, quien se opuso a beneficiar a Azic con el cómputo del dos por uno -dos años por cada uno pasado sin condena- en base al fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició al represor Luis Muiña, explicaron fuentes judiciales.
Además, se le rechazó un pedido de excarcelación hecho por su defensa en simultáneo, luego de conocerse el fallo del máximo tribunal del país.
Al igual que otros condenados por delitos de lesa humanidad, Azic pidió el beneficio apenas conocido el fallo de la Corte en el marco de las penas que purga por la apropiación de Donda, de su hermana de crianza Carla Dameri y por hechos perpetrados en la ESMA durante la última dictadura cívico militar.
Azic cumple una pena unificada de 15 años de prisión, pero su sentencia está apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió, por ende, no está firme.
