“La judicialización de la política y la ausencia de negociación y de búsqueda de soluciones políticas satisfactorias lleva a un incremento de la tensión social”, ha dicho la diputada morada, que ya había denunciado el recurso a los tribunales meses antes de la persecución y encarcelamiento de líderes separatistas a partir de la declaración de independencia del 27 de octubre del año pasado.
En junio, Montero situó el origen del desafío secesionista en la decisión en 2006 del hoy presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, de impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) un nuevo Estatuto de Autonomía que había sido refrendado en plebiscito por la población catalana. El Tribunal lo declaró inconstitucional en 2010.
Montero ha formulado un argumento similar al preguntársele este martes su opinión sobre los episodios de tensión que se viven en las calles de Cataluña tras la detención el domingo en Alemania del expresidente autonómico Carles Puigdemont, en proceso de extradición.
En esta tesitura, la portavoz de Podemos ha llamado al “diálogo, la negociación, la empatía y el sentido común”, antes de advertir de que la tensión “seguirá aumentando” mientras no haya una “voluntad clara y firme de negociar y llegar a acuerdos”.
La judicialización de la política y la ausencia de negociación y de búsqueda de soluciones políticas satisfactorias lleva a un incremento de la tensión social”, dice la portavoz en el Congreso de los Diputados español de la coalición Unidos Podemos, Irene Montero.
“La judicialización del conflicto no solo no se pasa con el tiempo, como le gustaría al señor M. Rajoy, sino que se recrudece e incrementa”, ha insistido la diputada española, antes de defender la asistencia de otra legisladora del partido, Rosana Pastor, a una manifestación en Valencia (este) para reclamar la liberación de Puigdemont.
A juicio de Unidos Podemos, ha recalcado Montero, no deberían estar en prisión ni el expresidente regional ni otros implicados en la organización del intento de secesión, por ser “un grave error encarcelar a personas por hacer política”.
El pasado viernes, el juez de instrucción del Tribunal Supremo español Pablo Llarena dictó el procesamiento de 25 líderes independentistas catalanes, incluido el conjunto del equipo del gobierno regional de Puigdemont (2016-2017), parlamentarios y dirigentes de asociaciones afines, varios de ellos en prisión preventiva desde hace meses por un supuesto riesgo de reincidencia o fuga.
