El máximo tribunal tomó esta decisión ante un recurso presentado por las querellas de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y Carlos Lorquipanidse, uno de los sobrevivientes de ese centro clandestino naval utilizado durante el terrorismo de Estado.
El 23 de diciembre de 2013, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió al juez federal Sergio Torres que considerara “un proyecto de puesta museográfica a realizarse en el edificio del ex Casino de Oficiales” de la ESMA. Torres autorizó el proyecto siempre que las modificaciones no impidieran que las condiciones edilicias del lugar pudieran retrotraerse al estado original “ante la eventualidad de que el tribunal necesite realizar una medida probatoria determinada”.
El mismo magistrado envió entonces el planteo para que lo resolviera la Corte, que en aquella oportunidad lo devolvió rechazando su competencia pero en el interín dictó una medida cautelar de no innovar respecto del predio.
Apelada la resolución por los querellantes, quienes sostuvieron que el proyecto museológico podría afectar pruebas en causas por delitos de lesa humanidad, la Cámara Federal revocó el fallo que habilitaba la implementación del esa iniciativa.
"Aun extremando los recaudos para evitarlo, resulta cierto que la mínima modificación a las condiciones preexistentes en el Casino de Oficiales de la ESMA puede conducir a frustrar la realización de las diligencias tendientes a reconocer el posible lugar donde las víctimas permanecieran ilegalmente privadas de su libertad, afectando así los elementos probatorios de la investigación", dijo la Sala II de la Cámara Federal.
Pero una nueva apelación, en este caso de la Secretaría de Derechos Humanos, llevó la cuestión a la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, anuló el fallo de segunda instancia, dando lugar al recurso extraordinario (y ante su rechazo, el de queja) de la AEDD y Lorquipanidse.
Para la Corte, "corresponde descalificar el pronunciamiento apelado, por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, por cuanto lo resuelto se funda en consideraciones que no se compadecen con las constancias de la causa, lo que genera un menoscabo del derecho de defensa en juicio”.
La resolución, dictada ayer y conocida hoy, fue firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
