Con esta actitud el Congreso vuelve a incumplir con uno de los puntos que establecía el el llamado “fallo Olmos” del 13 de julio de 2000 por el Juez Ballestero.
En el mismo se investigó la deuda externa contraída por la dictadura militar entre 1976 y 1983 cuyas conclusiones más importantes reproducimos: "El acrecentamiento de la deuda pública y privada entre 1.976 y 1982 fue excesiva, perjudicial y carente de justificación económica, financiera y administrativa.
Queda evidenciado la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y economistas de la Nación. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados.
No se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina”. Se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales, a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales argentinos.
Las empresas públicas eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios.
Todo esto se advirtió en no menos de 477 veces, es decir, 477 ilícitos, delitos penales.
La estatización de la deuda exterior contraída por bancos y empresas extranjeras y argentinas incrementaron groseramente el endeudamiento del país”.
Pero además de estas contundentes conclusiones, se le daba al Congreso el derecho y obligación de investigar el endeudamiento, dado que las acciones penales habían prescripto.
Este acuerdo con el FMI es un capítulo más en una película que es la de la Deuda Externa.
