El sonado escándalo iniciado el pasado año y en el cual Dominicana apareció como uno de los países donde mayor cantidad de sobornos recibieron sus funcionarios a cambio de la adjudicación de obras, estaba a la espera de que la Fiscalía presentara su acusación al Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia.
Fueron 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado para acceder a contratos de obras entre 2001 y 2014, cifra ni despreciable ni imaginable para un país como este.
En un primer momento el Ministerio Público emitió orden de arresto contra 14 personas, la mayoría de ellas altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo a tres miembros de su Comité Político, máximo órgano de dirección de esa organización, y dos del Comité Central .
También entre los implicados en el caso hubo dirigentes del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Revolucionario Dominicano, junto a empresarios y otros funcionarios.
Pero ahora disminuyeron los acusados en un momento en que la opinión pública de la República Dominicana esperaba ver más nombres incluidos en el expediente.
El legajo definitivo con la acusación formal solo implicó al representante de Odebrecht en esta nación, Ángel Rondón, el exministro de Obras Pública y dirigente del PLD, Víctor Díaz, el abogado Conrado Pittaluga y el dirigente del PRM, Andrés Bautista.
Además, el senador del PLD Tommy Alberto Galán, el funcionario y miembro del PRM Juan Roberto Rodríguez y el exsenador Jesús Antonio Vásquez.
El Procurador informó que en las investigaciones efectuadas no se encontraron evidencias suficientes que vincularan al resto de los implicados de inicio, es decir, César Sánchez, Bernardo Castellanos, Juan Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y Ruddy González.
En relación con estos últimos, explicó fueron archivados sus procedimientos bajo la reserva de que si aparecieran nuevas evidencias se procedería de acuerdo con lo establecido en la norma procesal.
Son muchas las personalidades, organizaciones políticas y gente de pueblo que se han manifestado de una forma u otra sobre este hecho, aunque el peso lo tienen quienes no están de acuerdo con el expediente.
El excandidato a la presidencia de la República por el PRM, Luis Abinader, se declaró 'sorprendido por la acusación que ha presentado el Ministerio Público'.
¿Por qué someter a personas cuya última función pública fue anterior al período que ellos mismos documentan? Estas acciones parcializadas ilegitiman el proceso y la posibilidad de hacer justicia. Inaceptable, dijo.
El presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que la investigación de la Procuraduría es 'una farsa'; Milton Morrison, de País Posible, afirmó: 'este caso evidencia la necesidad de tener un Ministerio Público independiente, ya que el manejo dado es un boleto a la impunidad'.
Asimismo, el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimental, declaró: 'presentar acusación contra solo siete personas representa una clara evidencia de que hay intocables en el caso Odebrecht'.
No tiene sentido lógico que una empresa la cual operó en el país con sobornos, sobrevaluaciones y lavado de activos durante 18 años, tenga a solo siete personas imputadas, agregó.
Por su parte, la presidenta de Opción Democrática, Minou Tavárez, señaló cómo el documento instrumentado por la Procuraduría General 'es un mensaje claro de que por ahora no habrá justicia en nuestro país'.
Lógicamente no podía faltar el movimiento cívico Marcha Verde, ente que surgió, creció y se desarrolló precisamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad tras revelarse los sobornos pagados por Odebrecht, y calificó como una burla a la población la solicitud de apertura a juicio hecha por el Procurador.
Desde el primer momento ese movimiento consideró inaceptable que fueran implicados solo siete personas y dijo: 'lo ocurrido fue la consagración definitiva del ejecutivo de Danilo Medina y del PLD como un gobierno y un partido de delincuentes'.
Prensa Latina conversó con Franiel Genao, uno de los miembros del equipo de Comunicaciones del movimiento, quien señaló que el propósito de sus protestas era mantener viva la lucha pacífica para hacer entender al pueblo dominicano la burla efectuada por la Fiscalía.
Ese documento carece de muchos elementos que no solo Marcha Verde ha denunciado, también otros sectores lo han manifestado, como por ejemplo la sobreevaluación de obras de las cuales no se expresó nada, por tanto no se ajusta a la realidad, agregó.
'Existe mucha gente excluida, tengamos en cuenta que el 60 por ciento de los contratos gestionados por la empresa brasileña se hicieron durante los gobiernos del PLD, el primero de Danilo Medina y el último de Leonel Fernández'.
Sin embargo, precisa, 'los encartados son del gobierno de Hipólito (Mejía) y del primero de Fernández, y excluye un volumen muy grande, una etapa muy larga'.
El joven comunicador explicó que el documento no presenta una investigación seria sobre la financiación ilegal de campañas presidenciales, tema reconocido por Odebrecht 'pero de eso no se ha hablado'.
Tengamos en cuenta que con la presentación del expediente se abrió paso a todo un proceso de años, algunos expertos le vaticinan no menos de cuatro, tiempo que para nada es descabellado pues los procedimientos legales lo amparan.
En estos momentos está designado el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana que llevará el caso: se trata de Francisco Ortega.
Ortega fijó el día del conocimiento del juicio preliminar en contra de los siete implicados, el 6 de julio, y a partir de ahí esperemos para ver el desarrollo de los acontecimientos.
No obstante, aunque en estos momentos no exista claridad sobre el desarrollo del proceso, el tiempo permitirá ver una batalla legal con ingredientes variados en el cual al parecer tendremos más de una sorpresa.
Por Edilberto F. Méndez, Prensa Latina en República Dominicana.
