Dos meses después de que la firma se percató de la violación de sus archivos, no pudo identificar a los propietarios de más del 70 por ciento de las 28 mil 500 compañías activas en las Islas Vírgenes Británicas, ni el 75 por ciento de las 10 mil 500 inscritas en Panamá, indicó la reciente publicación.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés), volvió sobre el tema, tras estremecer al mundo financiero y político en abril de 2016 con su 'descubrimiento' de manejos opacos de finanzas contenidos en la base de datos sustraída a MP con sede aquí.
La extinta firma legal se defendió en un comunicado citado por el diario local La Estrella, al señalar las recientes revelaciones como confirmación que la mayoría de los clientes eran intermediarios regulados, como bancos, fiduciarias, abogados, contadores, entre otros.
'Eso significa que nuestra difunta firma no tenía la obligación de saber cuáles eran los beneficiarios finales de estas sociedades', porque las leyes que introducían este control empezaron a regir en Islas Vírgenes Británicas en 2017, donde MP mantenía el 70 por ciento de las sociedades.
'ÂíEl cliente desapareció, no puedo encontrarlo más!', fue el mensaje enviado por Nicole Didi, una asesora suiza de gestión patrimonial, dirigido a MP en marzo de 2017, publicó ICIJ, la cual señaló que se trataba de una intermediaria de la firma por largo tiempo, que interactuó con 80 empresas creadas por el disuelto bufete.
Otro ejemplo que la fuente mostró como prueba de que el bufete desató un 'furioso' despliegue, fueron las expresiones del abogado estadounidense con sede en Florida, Eliezer Panell, quien tras calificar de ridículas las desesperadas solicitudes, escribió el siguiente mensaje:
'No podemos volver un día después de pedir documentos para pedir otra cosa (a los clientes). Parecemos (...) aficionados en una operación de Mickey Mouse'.
ICIJ recordó que, a fines de marzo de 2016, MF aseguró a sus periodistas que la empresa realizaba una 'diligencia debida exhaustiva sobre todos los clientes nuevos y potenciales, que a menudo excedía rigurosamente las normas y estándares a los que estamos obligados'.
También citó al fiscal anticorrupción estadounidense Jack Blum, quien dijo que 'no debería ser aceptable que una empresa como esta no conozca al dueño de una compañía ficticia, y mucho menos a miles de ellos', lo cual asegura lo lejos que se llegó en crear empresas opacas.
Las motivaciones de ICIJ con los Papeles de Panamá quedaron en entredicho con los señalamientos de Wikileaks, la cual denunció que la investigación la coordinó el Proyecto Reporte del Crimen Organizado y Corrupción y lo financió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Fondo Soros.
