La ministra se refirió al informe publicado el pasado 10 de noviembre de 2015 por Human Ritghs Watch (HRW) titulado: ‘Ecuador: Represión contra manifestantes’ e indicó que “carece de objetividad y fundamentos”.
“Publican un informe basado en información no contrastada, presentan supuestos testimonios anónimos e incluso de pseudónimos”, enfatizó.
Zúñiga consider que este artículo tiene aseveraciones “subjetivas”, con “supuestas versiones de testigos no identificados” que advierten que el estado de excepción, decretado por el presidente Rafael Correa en torno a la emergencia por la actividad inusual del volcán Cotopaxi, tiene que ver con las manifestaciones.
“Rechazamos enfáticamente tal aseveración, por demás perversa y malintencionada. La ciudadanía sabe perfectamente que el 15 de agosto se tuvo que decretar el estado de excepción porque incluso hubo reportes del Instituto Geofísico que alertaban de la emisión de fuegos piroclásticos, es absurdo pensar que exista algún tipo de relación entre estos hechos, el objetivo del decreto presidencial, era el de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía”, señaló la funcionaria ministerial.
El informe argumenta que miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas utilizaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes durante protestas contra el Gobierno en agosto de 2015.
Al respecto, Ledy Zúñiga recordó que las supuestas manifestaciones a las que hace referencia el documento difundido por HRW, dejaron como saldo varios efectivos policiales agredidos, como menciona brevemente el mismo informe ‘hubo 116 policías y militares que resultaron heridos, así como varios bienes públicos destruidos’. Además, señaló que en el Ecuador no existen presos políticos.
“Lo que hay son procesados por delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), por ejemplo suspender los servicios públicos, atacar con violencia a miembros de la fuerza pública”, acotó.
Adicionalmente, la funcionaria ministerial informó que varias de las personas detenidas por los actos violentos que se suscitaron durante las marchas del pasado 13 de agosto, reconocieron su participación y asumieron su responsabilidad. “La mayoría de estas personas son procesadas por dos delitos, ataque con violencia a miembros de la fuerza pública y paralización de servicios públicos, infracciones penales que están tipificadas en la normativa legal, no solo en nuestro país”.
Recalcó que hay varios casos en los que incluso los órganos jurisdiccionales ya emitieron sentencia, como el caso de esmerlaldas en el que los procesados revonocieron su participación y responsabilidad del ilícito, añadió .
Al concluir, la titular de Justicia exigió a la ONG emitir “informes objetivos y no sesgados, no parcializados, sin intención de tergiversar la información y confundir a la ciudadanía”.
