Carlos Catrileo, redactor de la sección Sociedad de Télam e integrante de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA), se encontraba el miércoles pasado al mediodía esperando el subte cuando se acercó un efectivo de la policía local y le pidió su documento. “Le dí mi DNI y comenzó a preguntarme: ¿de dónde venís? De una pensión de acá a la vuelta, respondí. ¿A qué te dedicas?. Soy comunicador mapuche y trabajo en la agencia de noticias Télam, y ahora voy a trabajar, le respondí”, relató Catrileo. Cuando el policía se acercó, Catrileo estaba sentado leyendo, y ante la incomodidad de la situación intentó pararse pero el efectivo le ordenó que se quedara sentado.
“No le hice caso, me paré y le pedí que me explicará a qué se debía que me pida identificación. No tengo que darte ninguna explicación, respondió. Disculpá, pero desde el momento en que me tratás de esa manera necesito que me expliques por qué, porque veo que pasa un montón de gente por acá y da la casualidad que sólo a mí me estás pidiendo identificación”, le respondió el periodista.
El policía aseguró estar “cumpliendo con su trabajo” y sostuvo que “averiguar los antecedentes de los ciudadanos” estaba “dentro de sus atribuciones”. Cuando Catrileo le preguntó desde cuándo tenían esas atribuciones, el efectivo respondió: “desde que tenemos nuevas directivas”.
Las nuevas directivas a las que se refirió el efectivo se refieren a un fallo del Tribunal Superior de Justicia (Tsjcba) porteño emitido en enero pasado, que habilita a la policía a pedir DNI en la vía pública, como una “facultad implícita para prevenir delitos”, dijo a Télam Luis Duacastella, defensor adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Defensa (MPD).
El policía aseguró estar “cumpliendo con su trabajo” y sostuvo que “averiguar los antecedentes de los ciudadanos” estaba dentro de sus atribuciones.
Esta facultad policial había sido limitada por un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Caso Bulacio, quien en 1991 murió en un un hospital porteño debido a los golpes que recibió mientras estuvo en una comisaría de la Policía Federal adonde fue llevado, por “averiguación de antecedentes”, desde el Estadio Obras, mientras se dirigía a un recital de Los Redonditos de Ricota.
Por otra parte, la ley 23.950, que reformó la Ley orgánica de la Policía Federal, “le permite a la policía detener para averiguación de identidad mientras exista sospecha y la persona no logre acreditar fehacientemente su identidad”, según explicó Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales Sociales (CELS), en diálogo con Télam..
Esta facultad policial “afecta el derecho constitucional de libertad de circular en espacios públicos y convalida una práctica de violencia institucional, porque se trata de agentes del Estado. Es grave porque no son casos aislados sino un práctica institucional”, advirtió Duacastella.
El Ministerio Público de la Defensa porteño, junto con el CELS y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), apelará el fallo de Tsjcb el próximo martes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó el defensor.
Por otra parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) expresó su “preocupación” ante la situación que atravesó el periodista, y destacó la importancia de realizar una “denuncia formal” ante ese organismo cuando ocurren estos episodios.
