A solo seis semanas de que el Gobierno de Puerto Rico incumpla con gran parte de un pago de $2,000 millones que tiene programado para el 1 de julio, la legislación 5278 sustituye, con cambios y nuevo número, el 4900 que fue frenado el pasado 13 de abril por republicanos y demócratas del Comité de Recursos Naturales.
Los cambios –negociados con los demócratas y el Tesoro, y en medio de un avivamiento del fuerte cabildeo de firmas de inversiones– proveen mayor flexibilidad en el proceso de reestructuración de la deuda y la exclusión del controvertido lenguaje que permitía transferir 3,100 acres de antiguos terrenos militares en Vieques al Gobierno de Puerto Rico.
Aunque la medida puede tratarse de llevar a votación en algún momento de la semana próxima, fuentes republicanas advirtieron que los acuerdos entre los líderes demócratas y republicanos de la Cámara baja y la administración del presidente Obama, no significan necesariamente que la legislación tenga todo el camino despejado en la Cámara baja.
Tras ser radicado, ahora se reanuda la búsqueda de votos y la gran tarea para el speaker Paul Ryan -quien negoció directamente los últimos acuerdos con la portavoz de la minoría demócrata, Nancy Pelosi (California), y el Departamento del Tesoro- es conseguir respaldo dentro de su caucus, pues muchos de sus miembros han estado renuentes a autorizar cualquier reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.
“Vamos hacia adelante, hay un acuerdo”, afirmó en horas de la tarde de ayer el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), a la publicación Politico.
La composición de la Junta
Hasta el último momento, el punto de la discordia entre el speaker Ryan y el Tesoro fue el nombramiento de los miembros de la junta.
Como el proyecto 4900, la junta va a estar formada, por siete miembros, seis de ellos propuestos por los líderes del Congreso.
Los miembros de la junta, uno de los cuales deberá tener residencia o negocio primario en Puerto Rico, deberán ser expertos en finanzas o negocios, no ser funcionarios del gobierno ni exfuncionarios electos ni tener conflictos de interés.
A última hora, en vez de obligar al presidente a seleccionar los nombramientos entre los propuestos por el Congreso de USA, el proyecto indica que el inquilino de la Casa Blanca debe considerar escoger entre los recomendados por el speaker cameral (dos), el líder de la mayoría del Senado (dos), la portavoz de la minoría cameral y el líder de la minoría del Senado.
Pero, el presidente de USA no estará obligado a aceptar las recomendaciones del liderato congresional. El proyecto 5278 excluye al gobernador de Puerto Rico de la junta. En el 4900 era miembro sin derecho a voto.
Moratoria
Otro paso de avance para los demócratas sería el lenguaje del borrador que permite extender la moratoria en el cobro de deudas del Gobierno de Puerto Rico, la cual se impondría tan pronto el proyecto sea aprobado por el Congreso.
La legislación 4900 proponía que la moratoria se extendiera hasta el 15 de febrero de 2017. Bajo el nuevo proyecto puede alargarse hasta el 1 de mayo de 2017, si la junta de control fiscal lo entiende necesario, de acuerdo a fuentes legislativas con conocimiento directo de la legislación radicada anoche.
Por medio del proyecto, la junta federal solo necesitará borradores de auditoría de una dependencia gubernamental y negociaciones voluntarias “de buena fe” para cinco de los siete miembros de la junta poder llevar un proceso de reestructuración de una dependencia pública ante un juez.
No a un rescate
En busca de suavizar los temores de los más conservadores, que a mediados de abril lograron frenar el proyecto 4900, el vicepresidente del Comité de Estudio Republicano (RSC), Andy Barr (Kentucky), anunció ayer que revivirá un proyecto independiente para prohibir expresamente por ley rescates financieros a gobiernos locales, estatales o territoriales, confirmó su portavoz, Rick VanMeter.
Barr sostuvo que “quieren enviar el mensaje de que no vamos a rescatar a Puerto Rico, pero tampoco a Illinois, California y otros estados con grandes problemas para pagar sus deudas”.
El RSC, que reúne a 171 de los 246 republicanos de la Cámara baja, ha sido enfático en rechazar el acceso del Gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
Fuerte control fiscal
Al igual que la versión anterior, la nueva medida propone retener el amplio poder de la junta para tomar las decisiones últimas sobre los asuntos presupuestarios y fiscales de Puerto Rico.
Así mismo, la legislación obliga al gobernador a rendir cuentas a los miembros de la junta, cada tres meses, sobre el balance de ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico.
La junta podrá revisar toda legislación aprobada en la Isla, aunque, según el proyecto, quedarían exentas las medidas que lleguen con un análisis de costo.
Al igual que el 4900, la legislación indica que la nueva autoridad federal que se quiere colocar por encima del Gobierno de Puerto Rico estaría a cargo de cualquier nueva emisión de deuda.
La legislación propone además autorizar la junta a hacer recomendaciones de política pública y obtener respuestas porescrito del gobierno en torno a si implantará o no esas recomendaciones.
Para poderse eliminar la junta, tendrá que certificar que el gobierno de Puerto Rico ha cumplido con cuatro presupuestos equilibrados consecutivos. Es decir, que prácticamente estaría vigente por lo menos todo el próximo cuatrienio.
Beneficios laborales
Si el poder de reestructuración de la junta seguirá creando jaquecas entre los republicanos, la permanencia en la legislación de la reducción de beneficios laborales alejará votos demócratas.
Por ejemplo, en la legislación se queda la autorización al gobernador de Puerto Rico para reducir durante cuatro años el salario mínimo –de $7.25 por hora a $4.25 por hora– de los que tienen 25 años o menos.
Todos los sectores políticos en Puerto Rico –que en su mayoría han rechazado el poder de la junta sobre el Gobierno de Puerto Rico– se oponen también a ese apartado de la legislación.
Igualmente, sigue en la medida la exclusión de Puerto Rico de la norma ejecutiva que acaba de oficializar el presidente Obama para permitir que personas que ganen hasta $47,476 tengan acceso al pago de horas extras.
Hasta esta semana, el salario máximo que definía el pago o no de horas extras era de $23,660.
Aunque se excluye a la Isla de la directriz del presidente Obama, la medida ordenaría a la Oficina de Contraloría General (GAO) un estudio sobre su impacto en la economía de Puerto Rico y requiere el posterior visto bueno del Departamento del Trabajo de Estados Unidos para poder implantarlo.
Desarrollo económico
Como prometió la semana pasada a la Coalición del Sector Privado de Puerto Rico el speaker Ryan, la legislación incluye la propuesta de crear un grupo de trabajo para estudiar alternativas de desarrollo económico para la Isla. Los miembros del task force deben ser designados 30 días después de la medida ser convertida en ley. Y el grupo de trabajo debe rendir un informe antes de que termine el año.
También se le pide a la GAO un estudio sobre la vigencia del programa HUBZone, de la Administración de Pequeños Negocios, en Puerto Rico.
Iniciativas de desarrollo económica ha sido una condición de autoridades del gobierno de Puerto Rico, incluido el gobernador Alejandro García Padilla y el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, para poder respaldar una medida que consideran otorga demasiados poderes sobre la isla a siete funcionarios no electos por el pueblo.
Desde el pasado miércoles 18 de mayo, el liderato republicano cameral estuvo aplazando casi diariamente la presentación de un proyecto que tiene el efecto de disminuir más la limitada autonomía del gobierno de Puerto Rico.
Reacciones
“Cualquier cambio futuro se hará en las reuniones públicas del comité”, indicó el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah).
La medida tiene como autor principal al congresista Sean Duffy, y como coauspiciadores a Bishop y al también republicano James Sensenbrenner. Tanto Duffy como Sensenbrenner son de Wisconsin como el speaker Ryan.
En una declaración escrita, el congresista Duffy afirmó que “años de políticas públicas desastrosas han dañado completamente la economía de Puerto Rico” y que por ello “la Isla y millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una crisis humanitaria”.
“Por eso debemos permitir una reestructuración responsable de la deuda pública de Puerto Rico, y hacerlo sin utilizar dinero de los contribuyentes de Wisconsin para un rescate financiero”, sostuvo Duffy.
Sensenbrenner sostuvo que la legislación es una alternativa “astuta y fiscalmente prudente”.
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, aunque considero que la junta “es una vergüenza” para Puerto Rico, sostuvo que “la esencia del proyecto—las secciones sobre reestructuración de deuda y la junta de supervisión—se ha acercado al punto de cumplir con las estrictas condiciones que he establecido para poder apoyarlo”.
