El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) no consigue paz. Es que tras la megacausa que se originó a partir de una denuncia presentada contra el entonces titular de la organización, Omar “Caballo” Suarez y otros dirigentes, por el bloqueo de diversas vías navegables, lo que entorpeció el tránsito marítimo, y por exigir a los afiliados que desistiesen de asistir con remolcadores a varios buques extranjeros en el año 2012, todo es desconcierto.
En un hecho inédito en la historia del sindicalismo argentino, la justicia penal intervino una organización sindical y nombró a un triunvirato con el objetivo de llevar calma y poner en orden las cuentas y los procesos administrativos del gremio. Sin embargo la intervención vigente a cargo de Gladys González (diputada nacional por el PRO), Jorge Carlos Alonso (por el Ministerio de Trabajo) y Santiago Viola (por el juzgado), lejos de llevar austeridad, dispuso gastos escandalosos que volvieron a descuidar el patrimonio de los afiliados.
Según pudo confirmar InfoGremiales en exclusiva, desde su llegada a la gestión, los hombres nombrados por el juez Rodolfo Canicoba Corral se lanzaron a reestructura el gremio (a imagen y semejanza de una empresa), y a contratar personal para completar los cargos que ellos mismos crearon.
Según consta en el expediente, y con la firma de la intervención judicial del SOMU, en tan sólo unos días los gestores destinaron la nada despreciable suma de casi 1,3 millones de pesos mensuales del dinero que aportan los afiliados a pagar salarios del nuevo personal.
Con sueldos que van desde los 22.500 pesos a los 59.000 pesos, los nuevos CEOs del SOMU le destinan más de 100.000 mensuales a la estructura de legales, más de 150.000 a la de finanzas y más de 200.000 a la de contabilidad, entre otros gastos. Un dineral que fluye de una enorme caja que maneja el gremio.
Gastos SOMU
Pero eso no es todo. Es que para poder tener el gremio acomodado a sus necesidades y no tener escollos en la puesta en orden, resolvieron despedir empleados que venían cumpliendo funciones en la organización sindical desde hace años (asumiendo un costo millonario en materia de indemnizaciones), y encarar un proceso de reformas edilicias que amolden las instalaciones a su gusto.
Toda la situación anómala, y de alto costo con los gremios para el Gobierno Nacional, todavía no le dio dividendos al PRO. Es que los interventores todavía no encontraron las pruebas que buscaban para que Suarez termine en la cárcel y sólo pudieron filtrar a la prensa que se le había prestado un auto de la organización al diputado Carlos Kunkel. Poco para tanta maniobra.
Luego de vivir días de zozobras con la conducción de uno de los personajes más cuestionados del ámbito sindical, el SOMU sigue sin encontrar el camino hacia la normalización. Mientras los interventores intentan quedarse, los afiliados siguen sin encontrar el lugar en el cual reflejarse.
*Por Jorge Duarte
