La economía está estancada en materia de inversión y crecimiento desde hace cinco años, sin creación de nuevos buenos empleos, mientras se mantiene sometida a un “desgastante proceso inflacionario”, un generalizado desorden macroeconómico y un insostenible déficit fiscal. Así lo consideró el Observatorio de la Deuda Social de la UCA en informe sobre la Estructura Social del Trabajo y Calidad de las Inserciones Laborales en la Argentina entre 2010 y 2015, con una proyección de los desafíos para las actuales políticas sociales y de empleo.
El estudio indicó que la situación actual “es diferente” a la del momento en que se relevaron los datos del año pasado, dado que “esta nueva etapa está signada tanto por expectativas positivas como temores y preocupaciones”.
Interpretó la UCA que eso ocurre en el marco de un conjunto de medidas que “enfrentan el desafío de ordenar los desajustes macroeconómicos” dejados por el kirchnerismo, así como también apuntan a “crear las bases para un nuevo modelo de desarrollo de más largo aliento”.
Y sugiere que los indicadores de éxito de este modelo deberían dar cuenta en el mediano plazo de una mayor estabilidad económica, menores regulaciones comerciales, crecimiento de las inversiones, y mayor participación del país en el comercio mundial y fuerte creación de nuevos empleos de calidad.
Asimismo, la UCA dice que “la efectiva reducción de la pobreza, entre otros horizontes sociales, supone una especial confianza en el derrame que puedan generar los mercados sobre los segmentos más informales de la economía y los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Los datos:
A fines de 2015, solo 43% de los activos poseían un trabajo asalariado o no asalariado con calidad plena de derechos laborales (8,3 millones de trabajadores) y el 31,9% poseían un empleo precario (6,2 millones).
A su vez, el 15,6 por ciento de los trabajadores realizaba actividades de escasa remuneración, alta inestabilidad o eran beneficiarios de políticas de empleo (3 millones) y 9,4% se encontraban desocupados (1,8 millones).
Esos datos arrojan que “más de 10 millones de personas sufrían problemas de empleo” al finalizar el año pasado, en el que también uno de cada cuatro trabajadores (24,9%) se encontraron desocupados por lo menos una vez en los últimos doce meses (4,3 millones).
Desde 2010, ocho de cada diez trabajadores ocupados consideran que si dejan o pierden su trabajo no conseguirán fácilmente uno mejor o similar al que poseen; ese porcentaje se incrementó entre 2010 y 2015, de 81,2% a 84,5%.
Entre los últimos cinco años, el empleo total se expandió 8% pero se incrementó sólo 3% la cantidad de puestos de trabajo con empleo pleno de derechos, disminuyó en 5% el número de empleos precarios y aumentaron 80% los ocupados en subempleos inestables.
Este fuerte incremento, originado principalmente por las políticas de empleo contra cíclicas de generación de puestos de trabajo transitorios, fue el que limitó los niveles de desocupación en un contexto de falta de inversión productiva y de ausencia de creación de empleo genuino.
A finales de 2015, el 59,5% de los hogares poseía un jefe con empleo pleno, jubilado o con rentas holgadas, mientras que el 20,8% de los hogares percibía algún plan de ayuda familiar y el 19,5% no poseía ninguna cobertura social o dicha cobertura era deficiente.
En este contexto, el 57,4% de la población económicamente activa protegidos o no residían en hogares relativamente incluidos a la seguridad social (11,1 millones); el 22,4% a hogares sin cobertura o con cobertura deficiente (4,3 millones); y el 20,2% a hogares protegidos por programas sociales o ingresos insuficientes de la seguridad social (3,9 millones).
