El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y la fiscal coordinadora del Distrito de Santiago del Estero, Indiana Garzón, encabezaron el jueves el acto de señalamiento como sitio de memoria del Departamento de Informaciones Policiales D-2 de esa provincia y del traslado de los 40 mil legajos que esa repartición de espionaje elaboró durante cuatro décadas y que hoy están siendo objeto de tareas de rescate y preservación, dado que constituyen prueba para los juicios por crímenes de lesa humanidad.
El acto se llevó a cabo en la vieja sede del D-2, ubicada en Sáenz Peña 568, donde hoy funciona la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de Santiago del Estero. Allí, estuvieron los 40 mil legajos hasta abril de 2004, cuando fueron descubiertos antes de la intervención del gobierno federal. Días después de su descubrimiento, el entonces juez Ángel Jesús Toledo allanó el lugar y secuestró 17 ficheros metálicos que contienen toda la documentación.
"Son alrededor de 40 mil legajos producto del espionaje y persecución política a diferentes ciudadanos y ciudadanas entre el periodo que va aproximadamente desde los años 1950 hasta el momento del hallazgo", informó a Fiscales la Unidad Fiscal de Santiago del Estero.
La documentación fue puesta bajo custodia del Gendarmería Nacional y desde 2005 hasta la semana pasada estuvo en una habitación del Puesto Móvil N°5, expuesta a la humedad y, entre otros problemas edilicios, a la caída de mampostería. Los legajos están siendo recuperados y resguardados en el lugar donde fueron confeccionados, y se encuentran a salvo, gracias a las gestiones desarrolladas por la Fiscalía.
Jorge Auat: "Causa estupor pensar cómo estaba la ciudad vigilada permanentemente".
"Recuperar estos legajos, con el resguardo que se merece, significa un acto de memoria viva. Así lo pensamos cuando logramos el traslado de esta valiosa documentación", señaló la fiscal Garzón durante el acto del jueves, en declaraciones consignadas por el diario local El Liberal.
El fiscal Auat, por su parte, reflexionó sobre el material: "Esto revela cómo se venía trabajando con los servicios de inteligencia en Santiago durante la época de plomo. Causa estupor pensar cómo estaba la ciudad vigilada permanentemente. Toda la ciudadanía mirada e investigada en silencio. Aquí hay legajos de muchas víctimas del terrorismo de Estado y vamos a comenzar a reconstruir muchas historias”, citó el portal Nuevo Diario.
En el acto, además participaron el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Figueroa; el juez federal Guillermo Molinari; el fiscal federal Pedro Simón; el titular del Instituto Espacio de la Memoria, Luis Garay; la presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia, Cristina Torres, y familiares de desaparecidos y ex presos políticos.
La historia de un archivo
Los documentos secuestrados de la ex D-2, que estuvo a cargo del múltiplemente condenado Musa Azar, son conservados como elementos de prueba en el marco de la causa de espionaje ilegal y la Megacausa 9002, en la que se investigan las detenciones y desapariciones producidas en la provincia en el marco del terrorismo de Estado.
Hasta julio de 2015, los únicos que tuvieron acceso directo al archivo fueron los funcionarios del Juzgado. Las partes accedieron al contenido de los documentos en base a pedidos precisos de información para incorporar a los juicios o por interposición de habeas data.
La Fiscalía tuvo inicialmente permitido acceder a legajos de desaparecidos, ex presos políticos y de sus familiares directos. Para ello, tuvo que revisar previamente un inventario que -por orden del juzgado- confeccionó personal de la Gendarmería. Sorpresivamente, la Fiscalía también encontró en la nómina legajos sobre los policías acusados en la causa, porque la inteligencia de la época del juarismo le hizo espionaje a los encargados de espiar.
"El hecho de que los legajos sean producto de una actividad ilegal, como toda la actividad represiva ejercida por el Estado y sus agentes, no invalida su veracidad. Y la ilegalidad que impregnaba todos los actos producidos por la D2, no disminuye el valor probatorio de los legajos. Al contrario, la información que de allí se pueda obtener, es de un valor inestimable con respecto a la búsqueda de la verdad", indicó la Unidad Fiscal.
El organismo del Ministerio Público señaló que la operatoria de vigilancia y seguimiento de ciudadanos, con la confección de informes de inteligencia, fue llevada a cabo en Santiago del Estero a través de la utilización de los organismos estatales. En ese sentido precisó que personal policial y civil, que dependía de la Policía de la provincia, hacía seguimientos, vigilancia, escuchas telefónicas, y utilizaba información proveniente de los medios de prensa, para luego confeccionar partes diarios que eran elevados al gobernador de turno. "Toda la sociedad santiagueña quedaba a merced del espionaje que realizaban hombres que integraban el D2", indicó la Fiscalía.
La inteligencia de la época del juarismo le hizo espionaje a los encargados de espiar.
El Ministerio Público tuvo acceso a todo el archivo recién en julio pasado y se propuso su recuperación en el marco de un Convenio de Cooperación, Transferencia y Asistencia Científica Tecnológica entre la Procuración General de la Nación y la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Con ese marco, se gestó un colectivo de trabajo integrado por el Grupo de Investigación en Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (FHCSyS) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y de la Fiscalía, con el propósito de profundizar los procesos de reconstrucción de memoria histórica, social y política en relación al pasado reciente.
En ese ámbito, se planificaron actividades de observación directa y lectura de documentos y relevamiento escrito y/o audiovisual de los documentos seleccionados, que el grupo interdisciplinario de investigadores clasificará y analizará, para luego presentarlos al MPF.
Un archivo descuidado
Las tareas de este grupo de investigadores comenzaron en la habitación que la Gendarmería había destinado para su guarda, antes de la recuperación del archivo y su puesta a salvo en la Subsecretaría de Justicia. En un documento remitido a Fiscales, la Fiscalía describe el lugar donde se encontraba el material: "una habitación de 11 metros por 4 metros, sin electricidad, ni ventanas pero con un ventiluz con vidrios rotos, el techo con riesgo de derrumbe, con los hierros expuestos y gran parte del cielo raso derrumbado sobre los ficheros metálicos. En consecuencia los documentos no se encontraban protegidos de la acción de la lluvia".
Esas condiciones generaron que "muchos de los legajos se encuentren humedecidos, infectados con hongos y con proliferación de insectos" y que "los ficheros se encuentren oxidados, de modo que hay cajones que no se pueden abrir o su apertura es dificultosa". Además, explica que "existe documentación aún más deteriorada ya que se encuentra ubicada fuera de los ficheros" y que "la mampostería del techo ha ido cayendo sobre los ficheros, dañándolos más aún".
El grupo de investigadores consultó los documentos en esa sede de la fuerza de seguridad bajo la custodia de un Oficial de Justicia -la guarda está a cargo del Juzgado Federal local- que garantizó la legalidad del relevamiento. Esas tareas fueron llevadas a cabo a la intemperie para minimizar probables afectaciones a la salud de los trabajadores, en un patio, sin sillas ni mesas y "rodeados de hojas secas y palomas muertas".
En este contexto se trabajó entre julio y noviembre del año pasado, cuando la Fiscalía logró que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia cediera el mismo local donde funcionó la D-2 -hoy, la Subsecretaría de Justicia- para resguardar el archivo.
La Fiscalía informó que, a raíz de las malas condiciones de guarda, "se ha perdido material".
En el nuevo destino los ficheros fueron limpiados y se está gestionando a través del Juzgado Federal la compra de nuevos ficheros para reemplazar los oxidados y en muy mal estado.
