En cambio, apelando a un falso argumento de desfinanciamiento el Gobierno Nacional ha puesto a toda la población en situación de emergencia, llevando el peso de los Servicios al 50% de un salario promedio.
Las distribuidoras de gas natural han incrementado sus activos comerciales y físicos entre 2003 y 2015 a partir de un mecanismo del que nadie parece haberse percatado. Es que con tarifas subsidiadas, la devolución al usuario que ha financiado las obras de expansión ha sido irrisoria frente a la inversión de la que ellas se han beneficiado.
Para tener una idea basta decir que en ese período se sumaron más de dos millones de nuevos usuarios que incorporaron más de 400 millones de dólares en activos en redes de gas.
Pero con las tarifas actuales el conjunto de ventas de la cadena de gas relativa sólo al sector residencial pasará a ser de unos 2000 millones de dólares al año asumiendo una tarifa media de 3 pesos por metro cúbico (unos 5,7 dólares por MBTU).
Aunque el cálculo de la tarifa media de distribución es muy complejo – de hecho el Enargas se ha dado ahora un año de plazo para implementar la Revisión Tarifaria Integral–, los nuevos cuadros tarifarios vigentes desde el 31 de marzo de este año hacen suponer que al menos un veinte por ciento podría corresponder al tramo de distribución.
Si así fuera, las distribuidoras tendrían un negocio de 400 millones de dólares al año de los cuales una parte sustantiva se debe a los nuevos usuarios que financiaron sus propias redes. Los productores de hidrocarburos en el mientras y con precios “criollos”, han retirado equipos en vez de invertir.
Del análisis de las resoluciones del Enargas N° 1/3726 y N° 1/3733 se desprende que las inversiones obligatorias –que para el lector desprevenido aparecen sujetas a graves penalizaciones de no ser realizadas–, representan cifras y obras irrisorias. Por ejemplo para Metrogas se trataría de unos 50 millones de dólares y para Camuzzi Gas del Sur unos 9 millones.
Esto significa no sólo una grave amenaza para el sector de la hotelería y demás sectores como comercio y servicios –es decir casi 100 por ciento de la actividad económica–, sino también para el gasto de los hogares. Así llegará a representar entre el 17 y 66 por ciento de un salario mínimo o más y entre 12 y 33 por ciento más para un salario medio estimado en quince mil al mes, dado que estos últimos pueden aún consumir poco más.
Esta proporción es sólo el 1,2 por ciento en los Estados Unidos y llega al 1,8 por ciento para los más desfavorecidos en ese país. En el Reino Unido, en 2012, con precios de los energéticos haciendo récord, el gasto de electricidad y gas representaba el 5 por ciento del ingreso de los hogares (3 por ciento en 2002).
En Bariloche, para casos de familias de clase media que consuman unos 800 m3 de gas por mes la factura mensual será de entre 2800 y 3850 pesos sin IVA pues caerán en las categorías tarifarias de los tramos más penalizados con valores del gas de entre 7 y 9 dólares por MBTU. Para asimilar su situación a la de un estadounidense desfavorecido los ingresos de estas familias deberían ser de entre 190 y 250 mil pesos mensuales.
En Capital Federal en cambio una factura para un consumo de 500 m3 bimestrales costará unos 800 pesos al mes para satisfacer una misma necesidad. Aunque la incidencia sobre el gasto de los hogares será elevada respecto a los casos mencionados, será muy inferior al de la Patagonia.
Para equiparar el gasto al de un hogar pobre estadounidense los ingresos necesarios en capital y GBA serían de 44.000 por mes. Además, cuando se leen los considerandos de la resolución se observa que las distribuidoras no tiene la obligación de realizar las inversiones si alegan “excesos de inversión efectuados en períodos anteriores con los que se compensen”: ¿utilizarán como justificación las redes financiadas por terceros?
Como sea, con estos ingresos la magra inversión obligatoria y colocaciones financieras atractivas caben pocas dudas del destino que harán las empresas de los montos de facturación que solventarán la población argentina. Pero he aquí que no todos por igual, porque los de la Patagonia son cautivos de los rigores climáticos y de un Estado Nacional con falta de una visión del significado de la equidad y desarrollo territorial.
Sin duda que esto es así lo indica que en el contexto de la tarifa social “se ha autorizado a duplicar el límite de consumo de electricidad a los usuarios de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones porque esas provincias no tienen acceso a la red de gas, y eso las vuelve más dependientes de la luz”, según publicaron algunos periódicos de gran circulación nacional.
*Por Roberto Kozulj (Vicerrector de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro y experto en energía)
