Los fiscales Carlos Amad, Patricio Sabadini y Diego Vigay pidieron la elevación a juicio de la causa en la que están acusados Córdoba y Mazzoni, que fueron magistrados de la Justicia Federal, y Pablo César Casco, ex jefe de guardia de la Unidad Penal 7 de Resistencia, en este último causo como autor de dos casos de tormentos, informó hoy fiscales.gob.ar, el sitio de noticias del Ministerio Público Fiscal.
La Unidad que interviene en casos de terrorrismo de Estado en la jurisdicción de Resistencia imputó a los ex magistrados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y subsidiariamente por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento, todos considerados crímenes de lesa humanidad.
Los hechos tuvieron como víctimas a una decena de detenidos políticos que fueron confinados en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio como el que funcionó en la Brigada de Investigaciones policial de Resistencia, el más grande del nordeste argentino.
Si se realiza el juicio solicitado por la Unidad Fiscal, por primera vez en la capital chaqueña llegarán como acusados al debate oral y público ex funcionarios del Poder Judicial imputados por su participación en crímenes contra la humanidad.
Las conductas que les reprocha la fiscalía derivan de omitir deliberadamente la investigación de delitos que cometieron las fuerzas represivas contra los prisioneros políticos, pese a que llegaron a su conocimiento.
Testimonios de los sobrevivivientes sitúan a Córdoba y a Mazzoni en los lugares de encierro, visitando a los detenidos tanto en la Brigada de Investigaciones como en cárceles del servicio penitenciario, donde les fueron denunciadas torturas que en ningún caso fueron investigadas.
Una detenida embarazada cuando la capturaron y que dio a luz en cautiverio relató los contactos que tuvo con Mazzoni y con Córdoba, quienes no ocultaban su cooperación con los represores ni atendían sus pedidos de asistencia para el recién nacido.
Los fiscales señalaron que "el cumplimiento de los deberes de los funcionarios judiciales conferido a través del mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos les era exigible (a los entonces magistrados) aún frente a la ocupación del poder por parte de las fuerzas armadas".
"Ante la sistematicidad y masividad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el accionar represivo, se tornaba aún más ineludible la protección de la persona por parte del órgano destinado exclusivamente a garantizar la vigencia irrestricta de los derechos elementales y universales de los habitantes de la Nación", subrayaron.
Mientras este caso llega a juicio, continúa en la etapa de instrucción la investigación respecto del delito de asociación ilícita que la Fiscalía le imputa a los ex magistrados, por el que la Cámara Federal les había dictado la falta de mérito.
