La medida, conocida en el Congreso como PROMESA, fue trabajada directamente por el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, en conjunto con la Casa Blanca y endosada por el presidente Barack Obama.
La misma otorga a la Isla un mecanismo de restructuración fiscal a su deuda de $70,000 millones a cambio de que se implante en la isla una junta federal de supervisión y administración que tomaría decisiones respecto a los presupuestos del país.
En Puerto Rico, numerosos sectores y líderes políticos se oponen o tienen reservas con esta medida.
El comisionado residente, Pedro Pierluisi, y el gobernador Alejandro García Padilla, estuvieron cabildeando en Washington con senadores federales para que se aprobara la medida, aunque ambos le reconocen aspectos negativos al proyecto.
