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» » El Nieto 120 recuperó su nombre

(30/09/16 - Derecho a la Identidad)-.El Tribunal Oral Federal de Santa Fe Ocho además condenó a años de cárcel a Cecilia Góngora, su apropiadora, y seis a la obstetra que firmó su partida de nacimiento falsa. También ordenó al Registro Civil de Reconquista rectificar el DNI de José.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe condenó ayer a ocho años de prisión a Cecilia Góngora y a seis años a la médica obstetra Elsa Nasatsky, en el juicio por la apropiación y supresión de la identidad en 1977 del entonces recién nacido José Maulín Pratto, el nieto número 120 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo. Además, declaró la falsedad de la partida de nacimiento y de su correspondiente DNI, y ordenó al Registro Civil de Reconquista efectuar las rectificaciones correspondientes y expedir un nuevo DNI que acredite la verdadera identidad de Maulín Pratto.

El presidente del tribunal, José María Escobar Cello, leyó la sentencia, que era aguardada con mucha expectativa por familiares de Maulín Pratto y militantes de las agrupaciones Hijos, Unidos del Norte y de gremios, entre otras organizaciones que se dieron cita en las puertas del edificio judicial ubicado en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y San Jerónimo de la capital santafesina.

La sentencia señaló a Cecilia Góngora como autora penalmente responsable de los delitos de retención u ocultamiento del bebé previamente sustraído a su madre, falsedad ideológica de documento público y alteración de estado civil del recién nacido, que fue inscripto bajo la identidad falsa de José Luis Segretín.

La apropiadora fue sentenciada a ocho años de prisión y la obstetra que intervino en el parto, que fue controlado por represores de la Fuerza Aérea, Elsa Nasatsky, a seis años, como autora y partícipe necesaria de los delitos de falsedad ideológica de documento publico y alteración de estado civil de Maulín Pratto. La médica fue en cambio absuelta de los delitos de retención y ocultamiento de la víctima, por los que también había sido acusada en este proceso.

Un tercer imputado en la causa falleció dos años antes de la sentencia dictada ayer: el entonces jefe de Inteligencia de la Brigada Aérea de Reconquista y jefe del centro clandestino de detención que allí funcionaba, Danilo Sambuelli, quien murió en 2014 tras ser condenado a 21 años de prisión en otro juicio por delitos de lesa humanidad.

Además, en su veredicto, el Tribunal Oral de Santa Fe resolvió que las acusadas permanezcan en libertad hasta tanto la sentencia quede firme.

Finalmente, el TOF fijó para el 6 de octubre próximo la audiencia en la que se leerán los fundamentos de la sentencia.

La investigación iniciada en 2005 estableció que el 26 de marzo de 1977 Luisa Pratto fue llevada por represores a un sanatorio privado de Reconquista a punto de dar a luz, desde su casa donde estaba recluida forzosamente.

Parto bajo secuestro. Luisa fue internada con nombre falso y tras el parto, controlado por los represores, la obligaron a entregar a su bebé, bajo la amenaza de matar a su marido Rubén Maulín y a su hermana Griselda, ambos secuestrados, si se negaba.

El 6 de abril de aquel año, su hijo apropiado fue inscripto en el Registro Civil con el nombre de José Luis Segretín y entregado al matrimonio conformado por José Angel Segretín —ya fallecido— y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a integrantes de la Fuerza Aérea.

Al fin de la dictadura, Rubén Maulín recuperó su libertad y junto a su esposa y familiares profundizaron la lucha por recuperar a su hijo, del cual sabían dónde estaba. Es que Luisa Pratto recordaba que en el sanatorio le llamaban "señora de Segretín", porque había sido ingresada con el nombre de quien se quedaría con su hijo.

Incluso recurrieron en aquellos primeros años de democracia a la Justicia pero les cerraron las puertas e incluso sufrieron amenazas de parte de los apropiadores e incluso de funcionarios judiciales.

Al hacerse mayor de edad, el propio José se revinculó con su familia, pero el vuelco se dio en la década pasada con la anulación de las leyes de impunidad, la apertura de una investigación judicial en 2005 y la prueba final que fue el estudio genético que en 2009 estableció científicamente la identidad del joven.

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