En su alegato, el fiscal federal Juan Martín Nogueira trazó un panorama de los hechos y fundamentó la aplicación de la pena de prisión perpetua por los homicidios de Ángel Georgiadis y Horacio Rapaport, agravados por alevosía y por el concurso de dos o más personas, y la privación ilegal de la libertad de Julio César Urien.
La querella que representa a Soledad Rapaport, integrada por los doctores Alberto Palacio, Liliana Molinari y Noemí Patiño, solicitó que se aplique la figura de genocidio y propugnó por la misma pena.
Por su parte, los abogados que representan a la APDH La Plata y a María Teresa Piñero, esposa de Ángel Giorgiadis, promovieron que se reconozca su desaparición forzada ya que su familia nunca recuperó el cuerpo y toda la información que recibieron fue “un papelito” en el que se anotaba una ubicación en el cementerio municipal de La Plata. Jamás supieron si efectivamente Ángel estaba allí.
Asimismo, le pidieron al Ministerio Público Fiscal que evaluara un posible falso testimonio por parte de Ricardo Mario Sinopoli, quien al declarar negó estar involucrado en causas de lesa humanidad, siendo que fue requerido por la Fiscalía Federal en el marco de la causa “Feced”, en la jurisdicción de Rosario. También impugnaron su testimonio por haber formado parte de consejos de guerra durante la dictadura, siendo que los consejos eran un engranaje más en el mecanismo represivo.
Finalmente, pidieron para Ramírez, al igual que las demás partes acusadoras, la prisión perpetua, agregando la solicitud de cumplimiento efectivo, es decir, que se revoque la prisión domiciliaria de que goza actualmente.
El alegato de la defensa se postergó para el miércoles 5 de octubre a las 10 horas en la sala de audiencias de 8 y 50.
