También presidente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno de 9 de Julio en la provincia de Buenos Aires, Malondra expresó que el sector cooperativo nunca fue consultado con respecto a los incrementos tarifarios.
“Nunca fuimos consultados para las tarifas. Pero cuando fue la audiencia pública en Mar del Plata, el 28 de julio, tuvimos una elegante invitación del gobierno provincial, que nos pidió que pusiéramos la cara. No así a los privados. Y eso no es casual. Allí planteamos concretamente que no vamos a pedir aumentos de tarifas, porque no es el rol de las cooperativas pedir aumentos en detrimento de sus propios asociados. Nosotros pedimos un precio justo. En la génesis de nuestros principios está el buscar el valor justo de las cosas”, señaló en el programa “Huvaití, comunicación para otra economía” que se emite por la radio La Imposible.
“Uno puede estar de acuerdo o no con el anterior gobierno, pero lo que no se puede hacer es provocar este shock de tarifas que impacta sobre la gente que tiene menos ingresos. Nosotros no queremos aumentos, ni tarifazos ni ajustes. Queremos precio justo. Y el precio justo se logra sentando a todas las partes y buscando las soluciones a los temas”, indicó Malondra.
El referente del sector cooperativo explicó que “poco se habla de que esos aumentos no son para el distribuidor, que en este caso somos las cooperativas. Nosotros hacemos un pase de manos”. En esa línea, ejemplificó con un caso concreto. En abril del año pasado, la cooperativa de 9 de Julio abonó una tarifa de gas a Camuzzi, por todos los usuarios de la ciudad, de 400 mil pesos. Este año pagaron 4.295.000 pesos. “Entonces, las cooperativas tenemos que poner la cara, cobrarle a la gente y recaudar la plata para el lucro de las cuatro empresas que manejan el gas en la Argentina: YPF, Pan American Energy, Total Gas y Shell, casualmente. No hay otras empresas. Entonces estamos ante una transferencia de recursos brutal desde las comunidades hacia cuatro grupos”, dijo.
También destacó el rol de las cooperativas como una herramienta de desarrollo en las comunidades del interior. Sin embargo, sostuvo que “no están hoy aprovechadas en su real dimensión y capacidad. Se podrían hacer muchas cosas si estuviera la convicción de que las cooperativas tienen que estar a disposición de la gente”.
Bajo esa perspectiva, se mostró crítico del propio ámbito cooperativo: “Muchas veces se han generado estructuras costosas sin brindarles todos los servicios que se podrían a nuestra gente. Eso tiene que cambiar y hay que aprovechar ese potencial, porque no hay otra institución, salvo el Estado, que tenga la llegada directa con los asociados como lo tiene una cooperativa. Nuestro padrón de asociados es toda la comunidad, al igual que el Estado municipal”.
Malondra subrayó el papel de la economía social y cooperativa en la generación de empleo. “Cuando fue la crisis de 2001/2002, que explotó el país, fuimos las únicas empresas de capital concentrado que quedamos paradas en la Argentina. Y no perdimos ni una fuente de trabajo, cuando la variable de ajuste para las empresas siempre son los trabajadores. Y crecimos en personal y lo hicimos responsablemente, encarando nuevos proyectos”.
Por último, indicó que el cooperativismo y la economía social representan el 10% del PBI de la Argentina. “En todas sus ramas, tiene una disponibilidad de 15 mil millones de dólares. Es un capital inmenso para hacer cosas. Pero debemos lograr la capacidad asociativa para hacerlas, y eso no siempre se consigue de forma fácil. Las posibilidades están dadas, pero tenemos que abrir la cabeza”, propuso.
*Por Manuel Barrientos, APU
