El fallo de segunda instancia sentenció a prisión perpetua al policía federal Cosme Demonte e impuso 20 años de cárcel al capitán auditor (R) Jorge Humberto Appiani a 16 años al suboficial mayor (R) José Anselmo Appelhans; 16 años también a Alberto Rivas; 10 años al médico Hugo Moyano y 8 años tanto a Rosa Bidinost como a Oscar Obaid. El subsecretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Matías Germano, celebró la decisión de la Cámara Federal y estimó que con el nuevo fallo, los familiares de las víctimas "se llevan esta sensación de justicia".
La confirmación de las condenas y el incremento de las penas se conoció hoy a través de la lectura del tramo dispositivo del fallo en el edificio de la calle 25 de Mayo 256, en la capital entrerriana, frente al cual se concentraron víctimas sobrevivientes, familiares e integrantes de organismos de derechos humanos que celebraron el fallo.
"Pensamos en nuestros hermanos, amigos y compañeros que ya no están, que han desaparecido y por lo menos a sus familiares le traemos un poco más de paz", sostuvo Manuel Ramat, secuestrado y torturado en un centro clandestino el 30 de septiembre de 1976 y hermano de Raul Ramat, asesinado el 11 de junio de 1976 en la ciudad bonaerense de Campana.
Por su parte, María Luz Piérola, secuestrada en Concordia en febrero de 1977 y trasladada al centro clandestino de detención La Casita en Campo de Mayo, resaltó que fue "una sentencia más justa y sirve para los próximos juicios" por delitos del terrorismo de estado en Entre Ríos.
"Queremos Justicia, donde los asesinos estén presos y juzgados, y vamos a seguir avanzando, buscando pruebas para una sociedad más justa", dijo María Luz, uno de cuyos hermanos, Fernando Piérola fue secuestrado el 20 de octubre de 1976 en Posadas y fusilado en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1976 en un simulacro de traslado, conocido como "La masacre de Margarita Belén", por el paraje chaqueño en el que se consumó.
Entre sus hermanos, además, Álvaro fue detenido en agosto de 1976 y Gustavo debió exiliarse en Brasil, mientras que su pareja Mario Menéndez fue desaparecido en Rosario en septiembre 1977.
También en reacción al fallo conocido hoy, Sabrina Gullino Valenzuela Negro afirmó que la "Argentina es un país es ejemplar en el mundo por lo que hemos podido hacer como sociedad de poder juzgar a los genocidas".
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por los jueces subrogantes Noemí Berros, Lilia Carnero y Roberto Madonado, consideró que los hechos investigados son crímenes de "lesa humanidad en el marco de terrorismo de estado y dentro del segundo genocidio nacional" que tuvo lugar entre 1975 y 1983.
Además, rechazó los recursos de casación y la solicitud de la defensa de los imputados Jorge Appani, Cosme Demonte (foto) y José Appelhans de que se decrete la nulidad de la sentencia condenatoria dictada anteriormente por el juez Ríos.
En la causa Área Paraná, se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas, incluyendo las desapariciones y homicidios de Pedro Sobko, Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández y Juan Alberto Osuna.
La causa iniciada en 1983 tuvo 21 imputados pero, por el paso del tiempo sin llegar a juicio, la mayoría de ellos murieron o fueron apartados por demencia senil y otras enfermedades.
El ex policía federal Demonte fue acusado de asesinar en la vía pública a Sobko, y al abogado y ex militar Appiani (quien fue defensor del nazi Erich Priebke, al ex almirante Emilio Massera y al ex general Carlos Suárez Mason) lo imputaron por hacer firmar a los presos políticos declaraciones auto-incriminatorias arrancadas bajo tortura en centros de detención, torturas y exterminio.
Al médico Moyano se lo acusó de participar en sesiones de tortura con la función de controlar si las víctimas se descompensaban, y a Appelhans, Bidinost, Rivas y Obaid, de aplicar toda clase de tormentos a los detenidos.
La mega causa Área Paraná I investiga secuestros, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de cinco personas, el funcionamiento de centros clandestinos de detención y delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 55 personas en Entre Ríos.
Comenzó a instruirse en 1983 pero fue archivada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta 2004, cuando, como consecuencia de la nulidad de esas normas de impunidad, fue desarchivada.
No obstante, desde entonces sufrió permanente dilaciones por los reclamos presentados por los abogados defensores de los imputados, que demorar la realización del juicio durante otros 12 años.
En Entre Ríos, sólo tres de 11 juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura recibieron sentencia, informó la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.
A partir del 24 de marzo de 1976, disidentes políticos fueron privados de su libertad sin orden de detención y alojados en condiciones infrahumanas en centros clandestinos de detención.
En Paraná, tales centros funcionaron en cuarteles del Ejército, comisarías, la cárcel, inmuebles precarios abandonados en cercanías de la Base Aérea y en otros sitios, a los que los prisioneros eran trasladados para ser interrogados y atormentados.
En algunos casos, los terminaban asesinando y comunicaban sus muertes en el contexto de supuestos "intentos de fuga" e igualmente fraguados "enfrentamientos" con militares o policías.
Algunos fueron sometidos a parodias de juicios militares sin ningún tipo de garantías ni defensa efectiva y donde se valían de declaraciones autoincriminatorias obtenidas bajo amenazas, vejaciones y tormentos.
"Es altamente positivo que se hayan revertido los términos y fundamentos de la sentencia anterior, que se hayan declarado nulas las absoluciones pedidas por los defensores y la incorporación de términos, definiendo los hechos como delitos de lesa humanidad" dijo el subsecretario Germano a Télam.
El funcionario recordó que "muchos que ya no están al lado nuestro lucharon durante años para que haya una condena y añadió que, "después de 10 años que se reabrió la causa, pasaron muchos años de lucha dentro de tribunales, sumados a los años de impunidad, y a los propios de la dictadura".
También expresó su satisfacción con la sentencia el titular del Registro Único de la Verdad de la provincia y abogado querellante en la causa Marcelo Boeykens.
"Se remarcó la veracidad de los testimonios de compañeros que nos permitieron saber qué fue lo que pasó durante la época de terrorismo de estado, víctimas que estuvieron desaparecidos y quienes reconstruyeron la historia de lo que fue la causa área Paraná", agregó.
Boeykens sostuvo que "es importante el modo en que se expresa la sentencia, con un lenguaje más parecido a sentencias que se fueron dando a lo largo y ancho de nuestro país, considerando un genocidio y delitos de lesa humanidad", por lo que "conceptualmente esta sentencia es distinta a la de primera instancia".
Por su parte, la abogada querellante Sofía Uranga valoró que "se han revocado las absoluciones y las penas parciales, creyendo los testimonios de las víctimas", aunque haya aún "cuestiones jurídicas que vamos a discutir".
Iván Martínez Sosa, militante de derechos humanos, también destacó el hecho de que se haya "creído a los testigos y hayan hecho la acusación en base a sus declaraciones, que se hayan incluido nuevas víctimas" pero añadió que persisten "sensaciones encontradas" en cuanto al monto de las penas.
"Uno se pregunta qué es lo que tendría que hacer un torturador, un genocida, para tener una cadena perpetua, ellos torturaron a más de 55 personas y no le dan perpetua, pero en este contexto nacional, donde algunos piden que estos juicios se terminen, esta sentencia es para festejar", dijo Martínez Sosa a Télam.
