Daniel Solano era miembro de la comunidad guaraní Misión Cherenta; en octubre de 2011 viajó desde su Tartagal (Salta) natal a la zona de Valle Medio de Río Negro para trabajar en forma temporaria en la cosecha de manzanas, a través de la empresa tercerizadora Agrocosecha SRL, en el establecimiento de la multinacional belga Expofrut, ubicado en la localidad de Lamarque.
Al cobrar su primer sueldo, un mes más tarde, descubrió que el dinero recibido era menor al acordado y comenzó a organizar un reclamo junto a sus compañeros. En la madrugada del 5 de noviembre fue visto por última vez mientras era sacado por policías del boliche Macuba, en Choele Choel.
La causa, que tiene a siete policías rionegrinos procesados, pero gozando de su libertad y en ejercicio, hoy navega en un mar de burocracia. Se encuentra sin fecha de juicio, y se trata de determinar a quién pertenece la competencia: si a la justicia provincial que proveyó la investigación o a la justicia federal. El juez de la causa Julio Martínez Vivot, y el entonces fiscal, Guillermo Bodrato, entendieron que existió el delito de “desaparición forzada de persona”, lo que remitiría el caso al fuero federal para juzgar a los acusados.
La desaparición de Solano dejó al descubierto muchas irregularidades. De la causa original se desprendieron más de 20 investigaciones paralelas por desaparición de personas, trabajo esclavo, trata de personas, connivencia policial, empresarial, judicial y política, desprecio a comunidades originarias y a inmigrantes.
*Por ANRed
